Cifuentes cree que los 'escraches' deben sancionarse porque suponen una infracción administrativa

La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha defendido este lunes que se sancionen los 'escraches' ante los domicilios de cargos políticos, ya que, a su entender, suponen una infracción administrativa.

Cifuentes ha explicado que si ha hay delito o no debe decirlo un juez, pero ha añadido que como delegada del Gobierno sí que puede “determinar” una infracción administrativa porque se produce un “incumplimiento de la ley” y, “en el mejor de los casos, concentraciones no comunicadas”.

En este sentido, ha explicado que en esos casos se aplica la ley que regula el derecho de reunión y la ley de seguridad ciudadana, que suponen sanciones y la iniciación de un procedimiento administrativo del que se derivan sanciones por falta grave o sanciones leves.

Así lo ha asegurado durante el desayuno informativo organizado por Europa Press que ha presentado la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Al acto han asistido el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella; y la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, entre otros.

'ESCRACHE' ANTE EL DOMICILIO DE SANTAMARÍA

Cifuentes no ha querido comentar la decisión del juez de archivar el 'escrache' ante el domicilio de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. “Estoy imponiéndome a mi misma no comentar las decisiones judiciales. Todos las tenemos que respetar, tanto si son en un sentido o en otro. Por tanto, no valorarla, la respeto y punto”, ha enfatizado.

Tras indicar que el delito de 'escrache' no existe en el Código Penal, la delegada del Gobierno ha subrayado que en cada situación “hay que ver lo que ha ocurrido” porque no todos los casos son iguales. “Y el juez, ante una denuncia planteada, es el que debe determinar si ha habido delito o no”, ha aseverado.

Cifuentes ha recalcado que las delegaciones del Gobierno no son “una máquina de hacer multas” porque el sistema “es muy garantista”. Eso sí, ha admitido que se han iniciado “muchos procedimientos sancionadores” y en esas ocasiones ha habido sanciones, que oscilan entre los 200 euros y los 1.500 euros.

ACTIVISTAS DE GREENPEACE EN EL CONGRESO

La delegada del Gobierno en Madrid ha quitado hierro al suceso que se produjo la pasada semana cuando unos activistas de Greepeace se encaramaron en el tejado del Congreso para protestar por la nueva Ley de Costas.

“Evidentemente lo deseable hubiera sido que no hubiera subido nadie, pero creo que la cosa no tiene mayor trascendencia”, ha insistido, para preguntarse qué hubiera pasado si uno de los activistas hubiera resbalado y caído desde el tejado.

Dicho esto, ha asegurado que la actuación policial ese día “fue correcta” y “mesurada” para “evitar un mal mayor”. “Creo que la Policía hizo lo que tenía que hacer, entrar por dentro a la azotea y bajarlo”, ha explicado.

Al ser preguntada si hay alguna responsabilidad por parte de la Policía ante un posible fallo de seguridad, Cifuentes ha reconocido que es “complicado” porque el edificio del Congreso está en obras y hay un andamiaje. Ha reiterado que hubiera mejor que no ocurriera pero “la cosa no tiene mayor trascendencia”.

DAR EXPLICACIONES A LA CIUDADANÍA

Por otra parte, Cifuentes ha afirmado que el Gobierno sí que tiene relato político y ha añadido que todos los que forman parte del partido y del Gobierno deben conformar ese relato desde su propio ámbito de actuación.

Aunque ha reconocido que a veces el “exceso” de pedagogía puede llevar a cometer errores en la propia explicación, la delegada del Gobierno se ha mostrado partidaria de dar explicaciones a los ciudadanos de las medidas que se toman. “Sí que creo que hay que dar explicaciones a la ciudadanía porque lo necesita”, ha concluido.