Ciudadanos llevará al Congreso un régimen sancionador de la morosidad en junio si el Gobierno no lo aprueba antes

Durante su participación en la IV Cumbre Político-Empresarial contra la Morosidad, celebrada en Madrid, Rivera ha recordado al PP que en el acuerdo de investidura que firmó con Cs el pasado verano se comprometió, en el punto 34, a aprobar la implantación de un régimen de información y sanciones en materia de morosidad con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los plazos legales de pago vigentes por parte de las empresas y de las Administraciones Públicas.

En virtud de ese régimen, las empresas que no cumplan con los periodos medios de pago legales no podrán acogerse a determinadas ventajas fiscales o en la cotización a la Seguridad Social.

Asimismo, el punto 34 del pacto dice que en las licitaciones públicas se exigirá a los grandes contratistas una certificación auditada del cumplimiento de los plazos legales de pago a las empresas que subcontraten y que se establecerán incentivos para que las empresas adopten el régimen del IVA de caja en la mayor medida posible, de forma que las pymes puedan repercutir el impuesto cuando reciban efectivamente los pagos por sus ventas.

PYMES Y AUTÓNOMOS “NO PUEDEN ESPERAR”

El presidente de Cs ha subrayado que “las pymes y los autónomos ya no pueden esperar” y por eso ha instado al Ejecutivo del PP a “pasar de las promesas a los hechos”. El pasado 6 de abril, el Pleno del Congreso aprobó una proposición no de ley auspiciada por el PP que instaba al Gobierno a establecer el régimen sancionador para “combatir el retraso intencionado de los pagos”.

En el marco del encuentro organizado por la Plataforma Sectorial contra la Morosidad, Rivera ha dicho que pedirá al Gobierno que ponga en marcha esa medida “inmediatamente”, y por si no lo hace, Ciudadanos tiene ya preparado un borrador para modificar la Ley de Lucha contra la Morosidad.

“Si el Gobierno no cumple, el 1 de junio lo presentamos”, ha asegurado, estimando que si se hace en esa fecha, el código sancionador podría estar listo “a principios del año que viene”. Y en el caso de que el Gobierno intente “hacer truco”, Ciudadanos hará “trato con el resto de fuerzas políticas” para que la medida se apruebe, según ha añadido.

El líder de la formación naranja ha destacado que España debe cambiar la ley para cumplir con la directiva europea sobre morosidad. La Comisión Europea abrió un expediente contra España el pasado febrero por no aplicar correctamente dicha directiva, cuyo objetivo es evitar que las empresas, especialmente las pymes, sufran pérdidas por retrasos en los pagos.

PRINCIPAL CAUSA DE MORTALIDAD DE LAS PYMES

Además, ha señalado que se trata de atajar “la principal causa de muerte de las pymes” españolas, ya que muchas de ellas “no cierran por no tener clientes, sino porque no les pagan”, ya sea la Administración Pública u otras empresas.

Rivera ha apuntado que una de cada tres empresas cierran por ese motivo en España y que la media del plazo de pago es de 160 días, “lejísimos de la media europea”. Ante esta situación, ha denunciado “el conformismo de algunos gobernantes que piensan que la morosidad es una plaga bíblica” y ha afirmado que este problema no se solucionará si no se aplican sanciones.

En su opinión, las pymes y los autónomos son como “un avión que necesita despegar” y que, cuando lo hace, solo espera llevar “el mínimo peso posible” y que el Estado no lo “golpee” cuando inicia el vuelo. En este sentido, ha expresado el compromiso de Cs de crear un ecosistema favorable para ellos eliminando trabas burocráticas y solventando los errores que se cometen desde el sector público.

REFORMA DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

Además, ha enumerado otras medidas legislativas que pueden beneficiar a pymes y autónomos, como la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, que fue impulsada por Ciudadanos y que espera que se apruebe esta primavera, o la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público.

Sobre esta última, ha indicado que el partido naranja ha presentado distintas enmiendas para que haya un organismo regulador de esos contratos como “árbitro independiente” del Gobierno, para que se exija a los contratistas estar al corriente de pago con sus proveedores y para que los plazos de pago los marque la Ley de Lucha contra la Morosidad y no un acuerdo entre las partes.

Igualmente, ha resaltado la importancia de garantizar que las empresas que contratan con la Administración Pública no están implicadas en casos de corrupción, combatiendo así el “capitalismo de amiguetes” que impide la libre competencia.