Ciudadanos incluye en su paquete de medidas anticorrupción que los partidos devuelvan lo que roben sus dirigentes

Ciudadanos ha querido aprovechar que este lunes es el Día Internacional contra la Corrupción para presentar junto al Congreso su paquete de medidas para luchar contra esta lacra. El encargado de hacerlo ha sido el recién elegido portavoz adjunto del grupo parlamentario y abogado del Estado, Edmundo Bal, que ha recordado que su partido “siempre ha llevado como bandera la regeneración democrática y la lucha contra esta lacra social”. Bal ha acusado tanto al PP como al PSOE de haber sido los protagonistas de la mayoría de los casos de corrupción “durante estos 40 años”, y de no haber hecho nada para combatirla.

“La corrupción es una de las mayores lacras sociales desde hace 40 años. Es un problema esencial de un Estado democrático porque causa desafección de las instituciones por parte de los ciudadanos y cuando los ciudadanos se desapegan de sus instituciones empieza el fin de la democracia”, ha sentenciado.

Bal ha hecho un repaso de todos los casos de corrupción que ha habido a lo largo de estos años protagonizados fundamentalmente por el PP y PSOE destacando algunos como la Gürtel, que hizo caer a Mariano Rajoy, o el de los ERE, por el que ha pedido a Pedro Sánchez que explique “este hurto a las arcas públicas” y pida perdón por ello. Pero también ha hecho alusión a otros casos, como “el del 3% de CiU”, y ha aprovechado para incluir el polémico despido de dos abogados de Podemos, que está sin esclarecer.

Entre la batería de medidas presentada “para que esto no vuelva a pasar” destaca el que los partidos políticos sean los que tengan “responsabilidad civil subsidiaria” en los casos de corrupción que afecten a sus dirigentes condenados por haber malversado o robado dinero público. De esta manera, las formaciones afectadas se verían obligadas a devolver ese dinero en el caso de que estos no lo hicieran.

También exigen mayor transparencia para que no pueda malversarse ni despilfarrase “un solo euro”, así como la eliminación “de la absurda limitación” del tiempo para la instrucción de causas penales por corrupción para evitar que prescriban o se archiven las causas abiertas por esos delitos.

Junto a ello, quieren que se garantice “la protección a los denunciantes”, con la creación de “oficina anticorrupción” dirigida por “una autoridad independiente” que investigue los casos denunciados y evite “presiones políticas” a quienes los descubran y denuncien.

Otra de las medidas que añaden es la prohibición de conceder indultos a los acusados y condenados en firme por casos de corrupción. “Ningún Gobierno podrá devolver a los corruptos el favor de la impunidad, sean del color político que sean”, aseguran en su documento los de Arrimadas.