Ciudadanos dicen al Supremo que solo el Parlamento puede activar el “brexit”

El abogado de la empresaria británica Gina Miller arguyó hoy ante el Tribunal Supremo que es el Parlamento y no el Gobierno el que tiene que autorizar el “brexit”, pues supondrá “anular” derechos adquiridos por la ciudadanía cuando se decidió entrar en la Comunidad Económica Europea (CEE) en 1972.

El abogado David Pannick, que representa a un grupo de ciudadanos, encabezado por Miller, que se opone a que el Gobierno active unilateralmente el “brexit” (salida de la Unión Europea, UE), dijo que “no existe prerrogativa real” en la Constitución británica que permita al poder ejecutivo “anular derechos y deberes”.

El Supremo analizó hoy por segunda jornada el recurso del Ejecutivo de la primera ministra, Theresa May, contra un dictamen emitido el 3 de noviembre por el Tribunal Superior que le obliga a consultar con el Parlamento para activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, lo que daría inicio al periodo de dos años de negociaciones con Bruselas para salir de la UE.

Fueron Miller y otros particulares quienes iniciaron el proceso contra el Gobierno en el Superior, que falló a su favor en un veredicto histórico.

Pannick sostuvo hoy que, al aprobar la ley de Comunidades Europeas en 1972 -que permitió la posterior adhesión a la UE-, el Parlamento “no contempló” que el Ejecutivo pudiera “anularla” de forma unilateral, sin autorización de los legisladores.

Esta ley incorpora la legislación comunitaria al derecho británico, lo que resulta en unos “derechos adquiridos” que el tribunal debe proteger, explicó.

El Gobierno británico sostiene por su parte que puede hacer uso de una antigua prerrogativa real para ejecutar el “brexit” sin necesidad de obtener autorización parlamentaria, pues tiene el mandato que le dio el resultado del referéndum del 23 de junio, en que un 52 frente a un 48 % de los británicos apoyó abandonar el bloque europeo.

El abogado James Eadie insiste en que las Cámaras de los Comunes y los Lores conocían esta prerrogativa cuando aprobaron la ley de 1972 y la de 2015 que autorizó la celebración del plebiscito.

Eadie avisó también de que el Supremo podría estar metiéndose en una “trampa constitucional” e inmiscuyéndose en terreno político si lo interpreta de otra manera.

Preguntado sobre qué pasaría si pierde este recurso, reveló que el Gobierno presentaría ante el Parlamento “un proyecto de ley de una sola línea” para autorizar el inicio de la negociación con Bruselas, donde no incluiría su posición negociadora.

Intervino también hoy el asesor legal del Gobierno de Londres sobre asuntos escoceses, Richard Keen, que subrayó que el Ejecutivo británico no necesita el consentimiento del Parlamento de Escocia para ejecutar el “brexit”, pues la autonomía escocesa no tiene competencias en materia de política exterior.

Está previsto que el abogado general del Gobierno de Edimburgo, James Wolffe, presente en otra sesión los argumentos en sentido contrario, así como el representante de Gales.

El abogado general de Irlanda del Norte, John Larkin, reconoció a su vez que no hay provisiones en la legislación norirlandesa que “limiten las competencias del Gobierno del Reino Unido en asuntos internacionales”.

El juicio en Londres coincidió con unas declaraciones en Bruselas del negociador jefe de la Comisión Europea para el “brexit”, Michel Barnier, que pidió al Reino Unido que notifique su salida de la UE cuanto antes y limitó a 18 meses el periodo de negociación desde entonces, pues debe quedar tiempo para que las instituciones europeas ratifiquen el eventual acuerdo.

Desde Baréin, donde asiste al Consejo de Cooperación del Golfo, May insistió en que logrará el mejor acuerdo para su país -“rojo, azul y blanco” como la bandera, dijo-, y en que podrá mantener su plan de activar el artículo 50 antes de finales de marzo de 2017.

El Ejecutivo esperará a “oír la sentencia del Tribunal Supremo”, pero “tiene claro” que tanto ella como el Parlamento “actuarán de acuerdo a la voluntad del pueblo británico”, añadió.

El Supremo concluirá sus audiencias el jueves y está previsto que dé a conocer su veredicto el próximo enero.