Ciudadanos busca mecanismos para aislar en las instituciones a sus disidentes
En Ciudadanos han empezado a inquietarse por el número de cargos públicos que han dejado de militar en sus siglas pero se niegan a dejar las actas de concejales o de diputados que lograron bajo el paraguas naranja. La mayoría de estos cargos electos se han quedado en las instituciones como no adscritos, haciendo caso omiso a los llamamientos de la dirección para que devuelvan las actas, en cumplimiento de la carta ética que firmaron al ingresar en la formación.
Ante esta situación, la dirección del partido está estudiando la manera de aislar a estos disidentes, limitar su poder en las instituciones y evitar que usen su voto para beneficiar a los grupos rivales. Ciudadanos quiere que el Gobierno aplique el pacto antitransfuguismo y solicitará su inclusión en el mismo.
El secretario general de la formación, José Manuel Villegas, en una entrevista con Europa Press, ha desvelado que su partido ya está trabajando con el Gobierno para reactivar el acuerdo, cuya Comisión de Seguimiento hace años que no se reúne. Villegas considera que ha llegado el momento de que su partido y otros nuevos, como Podemos, puedan unirse a este acuerdo al considerar que todos pueden estar afectados en un momento dado por casos similares.
Ese pacto fue rubricado en el año 2006 por los partidos que configuraban entonces el arco parlamentario y se circunscribió a las corporaciones locales. Todas las formaciones firmantes se comprometieron a no admitir en sus grupos a concejales que concurrieran a las elecciones en la candidatura de otro partido. Además, el acuerdo impide la utilización de tránsfugas para constituir, mantener o cambiar las mayorías de gobierno de las instituciones públicas.
Ciudadanos obtuvo más de 1.500 concejales en 2015
En las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2015 Ciudadanos llegó a sumar 1.527 concejales y consiguió representación en una decena de parlamentos autonómicos. Desde entonces los problemas con algunos concejales y diputados no han cesado. Un año después de esos dobles comicios, la dirección del partido reconocía que el número de cargos que no pertenecían ya a Ciudadanos superaba el medio centenar: 49 expulsiones y 13 marchas voluntarias. eldiario.es ha solicitado de Ciudadanos una versión actualizada de estas cifras, sin obtener respuesta por parte de la formación política.
El goteo de bajas y expulsiones ha aumentado desde el giro ideológico que dio el partido en la IV Asamblea General celebrada en febrero. Los llamamientos de la dirección a que todos los que se vayan devuelvan sus actas y renuncien a cobrar los sueldos públicos ha caído en saco roto. El secretario de Comunicación, Fernando de Páramo, ha sido uno de los que más ha insistido en ello.
Los cargos electos que ya no forman parte de la disciplina de Ciudadanos han decidido organizarse y mantenerse en contacto. Para ello se comunican a través de un canal de WhatsApp en el que intercambian impresiones. Según este grupo, el número de disidentes supera ya el centenar. Además, han elaborado un mapa por comunidades autónomas que, reconocen, está pendiente de alguna actualización con casos todavía en litigio.
Valencia es uno de las comunidades donde más casos de abandonos o expulsiones se han dado, fundamentalmente por participar en votaciones apoyando iniciativas de “nacionalistas o separatistas”, según el criterio de la dirección.
Los casos más sonados han sido los de los municipios de Font de la Figuera, Santa Pola, Vilamarxant, Alcora, Torreblanca y Turis, donde varios ediles fueron expulsados por pactar con Compromís. También fue expulsado el concejal de Benissa por facilitar el gobierno al PSPV y Compromís en lugar de apoyar al relevo del PP, tras la moción de censura que su propio partido había impulsado.
No solo en Valencia sufre Ciudadanos esta situación. Recientemente, en la localidad madrileña de Las Rozas, el partido naranja impulsó una moción conjunta con otros grupos municipales -Contigo y UPyD- para que se aplicase el código de conducta del pacto antitransfuguismo contra dos ediles que abandonaron Ciudadanos y se negaron a dejar sus actas. También pedían que no pudieran participar en las reuniones de las Juntas de Portavoces, entrar en los equipos de gobierno ni en las entidades empresariales de las que el Ayuntamiento forme parte. La moción no prosperó.
En Rivas, otra localidad de Madrid, se acaban de unir a la lista de no adscritos dos ediles que han abandonado el grupo municipal de Ciudadanos por “discrepancias irreconciliables”. La dirección del partido en Madrid envió un comunicado exigiendo a ambos cargos “que cumplan con los estatutos, tal y como firmaron en la carta ética y devuelvan el acta como concejales”.
Con todo, el caso que más ha escocido al partido ha sido el de la diputada de Málaga en el Parlamento de Andalucía María del Carmen Prieto, que fue expedientada y que finalmente dejó Ciudadanos antes de ser expulsada. Prieto se ha negado a dejar su acta y ahora es no adscrita.
Desde ese momento el partido inició una ofensiva contra ella consiguiendo que los demás grupos de la Cámara aprobaran por unanimidad en la Junta de Portavoces excluirla de todas las comisiones legislativas, situándola únicamente en la comisión de desarrollo estatutario. Los portavoces, además, han decidido que de cara a casos similares en el futuro se actúe siempre de la misma manera, es decir, que el grupo que pierde el diputado sea el que proponga en qué comisión o comisiones pueda participar.
Prieto ha asegurado que está dispuesta a recurrir al Tribunal Constitucional si la Mesa del Parlamento ratifica esta misma semana la decisión.
