Colaboradores de la dictadura de Paraguay cobran pagos como víctimas

Organizaciones en defensa de los derechos humanos denunciaron graves “negligencias” en el pago de indemnizaciones a las víctimas de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), y que incluso algunos de los beneficiarios son antiguos colaboradores y represores del régimen.

La denuncia, realizada en una rueda de prensa por la Mesa de la Memoria Histórica y la Coordinadora de organizaciones de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy), se produce cuando Paraguay conmemora el 26 aniversario del final de la dictadura, derribada por un golpe militar entre el 2 y el 3 de febrero de 1989.

Enrique Gauto, secretario general de Codehupy, dijo a Efe que se han detectado casos de personas que perciben indemnizaciones como víctimas de la dictadura, cuando en realidad se ha constatado que son “antiguos delatores, espías e incluso represores” que trabajaban para el régimen.

Gauto no dio nombres ni citó casos específicos sobre esos cobros ilegítimos.

Días atrás Sonia Aquino, miembro de la Coordinadora de Luchadores, Luchadoras y Víctimas de la Dictadura (Codelucha), dijo a Efe que uno de estos represores que solicitaron pagos como víctimas sería Dardo Casteluccio, un conocido militante neonazi que atacó a comunidades judías durante la dictadura.

Casteluccio, que según Aquino fue un “conocido colaborador de la dictadura”, fue detenido por esos ataques durante el régimen de Stroessner, a raíz de lo cual, ya en democracia, fue reconocido como víctima y se le asignó una indemnización.

Sin embargo, la indemnización le fue retirada tras la denuncia de Codelucha, según Aquino.

Por su parte, Dionisio Gauto, integrante de la Mesa de la Memoria Histórica, criticó hoy que el actual sistema para gestionar indemnizaciones impone “excesivos requisitos burocráticos” a quienes quieren demostrar que fueron represaliadas por la dictadura.

Denunció además que, en otros casos, los funcionarios de la Defensoría del Pueblo, el ente encargado de tramitar las denuncias de las víctimas de la dictadura, “solicitaron coimas (sobornos) a cambio de agilizar los trámites”.

Según Gauto, con ello se está intentando “convertir la memoria en un negocio lucrativo”.

Tanto Codehupy como la Mesa de la Memoria criticaron duramente la gestión de la Defensoría del Pueblo, cuyo titular, Manuel Páez Monges, lleva desde 2001 en el cargo, pese a que su mandato venció hace seis años, e instaron una vez más al Senado a que inicie el proceso de nombramiento del nuevo Defensor.

El pasado mes de diciembre, Páez Monges señaló a Efe que la Defensoría todavía tenía pendientes de tramitación 13.000 expedientes de víctimas de la dictadura, de los 22.000 con los que se comenzó a trabajar hace cinco años.

Un informe de la estatal Comisión de Verdad y Justicia (CJV) presentado en 2008 registró 425 ejecutados o desaparecidos y casi 20.000 detenidos por cuestiones ideológicas durante el régimen de Stroessner, la gran mayoría víctimas de palizas, picana eléctrica, quemaduras y otras formas de tortura física.