Comienza el debate parlamentario para reformar el Ministerio Público argentino

La Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado de Argentina abrió hoy el debate para iniciar las reformas del Ministerio Público Fiscal del país, con la limitación de mandato para el procurador general de la Nación entre sus medidas principales.

El proyecto prevé que tanto el puesto de fiscal general como el de Defensoría General tengan una validez máxima de cinco años con una prórroga de dos años más, en lugar de ser permanentes hasta los 75 años como en la actualidad.

Fuentes de la Cámara Alta argentina también informaron que la designación de esas figuras la realizaría el Poder Ejecutivo con el respaldo por mayoría absoluta del Senado.

El Gobierno podría, además, destituir del cargo al procurador mediante un decreto si dispusiera de una decisión fundada.

Esta situación se da apenas dos días después de que el presidente de Argentina, Mauricio Macri, aceptase la renuncia de la fiscal general, Alejandra Gils Carbó, quien está implicada en una causa por presunta corrupción y la pasada semana presentó su dimisión con efectos al próximo 31 de diciembre.

La decisión se hizo oficial a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial con la firma del mandatario y del ministro de Justicia, Germán Garavano.

Desde la llegada de Macri a la Presidencia, a finales de 2015, el Ejecutivo reclamaba la renuncia de la procuradora, nombrada en su cargo en 2012 por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) y avalada por el Congreso, pero había resistido en su puesto.

El oficialismo la acusaba de ser militante del kirchnerismo y de no bregar por el avance de las causas por corrupción que afectan a miembros del anterior Gobierno.

Garavano aseguró hoy en su intervención en el debate en el Senado que se trata de “cambios necesarios para poder avanzar hacia el sistema acusatorio”.

Asimismo, insistió en que la reforma, que aún no tiene fecha para su votación, genera “mecanismos de controles y contrapesos en la figura del Ministerio Público”.

Respecto a la Defensoría, señaló que el “nuevo rol que tiene que tener el defensor es liderar la persecución penal de un Estado” para combatir “el narcotráfico y la corrupción”.

Según él, el sistema actual permite que haya una “acumulación de poder muy fuerte que encabeza el Ministerio Público en su conjunto y el procurador general como su jefe”, algo que llevó a que organizaciones de Derechos Humanos crean que “debe tener controles”.

La Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado invitó a diferentes personalidades argentinas para que expusieran durante la sesión sobre la reforma del Ministerio Público.

Algunas de ellas fueron la integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, y la presidenta de Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, Lita Boitano, así como la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez.