La Comisión Anticorrupción del Congreso confía en tener listas sus propuestas sobre financiación de partidos en febrero

La Comisión de Calidad Democrática, contra corrupción y para las reformas institucionales y legales confía en tener listo en febrero su documento con recomendaciones para actualizar la legislación sobre los partidos políticos y su financiación, el primero de los temas que ha analizado la subcomisión creada hace casi un año para estudiar distintos asuntos relacionados con la lucha contra la contra corrupción.

La subcomisión se creó en febrero de 2016 con el fin de evaluar la financiación y el régimen jurídico de los partidos y consensuar medidas para reforzar la independencia de los órganos reguladores y la protección de los denunciantes de corrupción.

De momento, la subcomisión únicamente ha analizado el primero de estos asuntos. Comenzó a recibir expertos en la materia el pasado mes de junio y en diciembre, una vez concluidas estas comparecencias, los grupos empezaron a negociar las sugerencias sobre los cambios que consideren oportunos acometer en la legislación.

La idea inicial era elevar al Pleno un documento conjunto de conclusiones sobre los tres temas objeto de estudio. Sin embargo, después la subcomisión cambió sus planes y sacó de agenda el relacionado con los denunciantes de corrupción porque el Congreso acordó tramitar una ley de Ciudadanos que ya incluye medidas para facilitar las denuncias de prácticas corruptas.

Además, finalmente, la subcomisión ha optado por separar sus propuestas sobre la financiación de los partidos de las relativas a los órganos reguladores, que prevén elaborar antes del verano, tras una nueva ronda de comparecencias de expertos en la materia.

PP Y PNV, MÁS REACIOS A LOS CAMBIOS

Así las cosas, si los grupos cumplen el calendario que han diseñado, cerrarán un acuerdo de recomendaciones sobre financiación en febrero para que sea votado por el Pleno a finales de ese mes o a principios de marzo, según han explicado a Europa Press fuentes parlamentarias.

Los distintos partidos están intentando redactar un documento de conclusiones que cuente con el mayor respaldo posible, aunque no todos están igual de interesados en introducir cambios en el modelo actual.

En concreto, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos son más proclives a plantear propuestas para regular la organización de los partidos que PP y el PNV. Estos dos últimos, también se muestran más reacios que el resto a cambiar el sistema de financiación de estas organizaciones, aunque aquí hay más puntos de acuerdo.

Los cuatro coinciden en que los fondos públicos deben mantenerse a un nivel suficiente para garantizar que los partidos cumplan con su función constitucional de canalizar la participación política, pero creen que han de contar con más financiación privada y están buscando consensos sobre cuáles serían las mejores fórmulas para conseguir que los particulares les hagan más aportaciones.

Una de las opciones sobre las que hay más consenso es la de reforzar los incentivos fiscales, aumentando las desgravaciones por las cuotas de afiliación y las aportaciones a los partidos, que actualmente están fijadas en un 20% con un máximo de 600 euros anuales.

Sin embargo, según pusieron de manifiesto algunos de los comparecientes este es un instrumento que hay que manejar con cuidado porque, supone menos ingresos para el Estado dado que implica una caída en la recaudación.

Unidos Podemos pone pegas al incremento de los incentivos fiscales y defiende la utilización de las nuevas tecnologías para fomentar las microdonaciones mediante pasarelas de pago o los micropréstamos ciudadanos a través de contratos de carácter civil.

PUBLICAR QUIÉN Y CUÁNTO DONA

Además, la mayoría aboga por regular el 'crowdfunding' y por avanzar en la transparencia total obligando a los partidos a publicitar la trazabilidad completa de las aportaciones privadas que reciben, especificando donante, cantidad, fecha, etc...

Tomando ejemplo de lo que se hace en Alemania o Nueva York, Ciudadanos es partidario de introducir la denominada 'compensación de fondos' (matching funds) que consiste en vinculan las subvenciones a los fondos que los partidos hayan obtenido de aportaciones privadas.

Este sistema puede adquirir diversas formas, como la de imponer un límite a las subvenciones públicas que sólo pueda ser sobrepasado si se alcanza cierta cantidad de contribuciones privadas o la de otorgar por cada euro procedente de un particular un euro o fracción en forma de subvención, con los topes que se establezca.

Asimismo, está sobre la mesa la idea de utilizar las subvenciones para incentivar determinados comportamientos en estas formaciones , primando a los que celebren primarias, tengan órganos paritarios o alcancen determinados niveles de transparencia. Esta fórmula la defienden PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, pero el PP la rechaza.

FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LOS PARTIDOS

El informe redactado por los letrados, basándose en las exposiciones de los comparecientes, destaca la “laxitud” que caracteriza la regulación sobre el funcionamiento de los partidos y recuerda que el artículo 6 de la Constitución, que fija que su estructura y funcionamiento han de ser democráticos, apenas se ha desarrollado.

Pero este es uno de los puntos que suscita mayor desacuerdo, principalmente por la negativa del PP a regularlo, y su debate se ha aparcado, de momento, al igual que todo lo relativo a las primarias. No obstante, sí se han aprobado algunas enmiendas que afectan al este tema, como la propuesta de Unidos Podemos para que la futura legislación blinde la paridad en los órganos internos, de forma que la representación de ninguno de los dos sexos pueda quedar por debajo del 40%.

Otro de los puntos en los que el acuerdo se atisba complicado y que ha quedado aparcado de momento es el relativo a una nueva regulación de las fundaciones vinculadas a los partidos políticos, aunque sí hay una mayoría que apuesta por regular, como ha propuesto el PNV, las aportaciones que estas entidades puedan realizar los partidos.

Y es que los expertos que han tratado este tema ante la comisión han coincidido en que la actual legislación deja un resquicio para que las fundaciones financien a los partidos a los que están unidas de forma opaca.

LA FINANCIACIÓN DE LAS FUNDACIONES

La Ley de Financiación de Partidos establece que estas entidades se sometan a la auditoría del Tribunal de Cuentas y fija condiciones relativas a su financiación. Con carácter general, se aplican las reglas que rigen para los partidos políticos, pero hay algunas diferencias sustanciales.

Así, mientras los partidos no pueden recibir donaciones de personas jurídicas y hay un tope de 50.000 euros anuales para las procedentes de personas físicas, las fundaciones pueden recibirlas tanto de particulares como de empresas sin límite alguno. Sólo están obligadas a publicar las que superen los 120.000 euros.

Los expertos pusieron de manifiesto que las fundaciones pueden recabar aportaciones económicas de las formaciones políticas, trasvasarles fondos o satisfacer gastos directos de su funcionamiento ordinario, movimientos que el Tribunal de Cuentas no puede prevenir, pues sólo fiscaliza la regularidad de las aportaciones que reciben y los gastos financiados con subvenciones públicas, un control muy inferior al que existe para las formaciones políticas.

Por eso muchos apuestan por dar a las fundaciones el mismo tratamiento que a los partidos, una propuesta que contesta abiertamente el PNV. Los nacionalistas recalcan que un partido constitucionalmente no cumple las mismas funciones que una fundación y rechaza aplicarles el mismo baremo. No obstante, sí es partidario de regular las aportaciones que estos entes vinculados pueden realizar a los partidos políticos, lo que el resto de grupos no ve con malos ojos.