Comisión rechaza la denuncia contra Temer y el caso pasa al pleno de la Cámara de Diputados

La Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara baja rechazó hoy la denuncia por corrupción presentada por la Fiscalía contra el presidente de Brasil, Michel Temer, aunque todavía deberá pronunciarse el pleno de ese órgano legislativo.

La acusación formulada contra el mandatario por la Fiscalía había sido apoyada por el instructor de la comisión, Sergio Zveiter, pero el informe que en ese sentido presentó el pasado lunes fue rechazado hoy por 40 votos, frente a 25 que lo respaldaron.

El próximo paso del trámite que puede llevar a la suspensión de Temer del cargo durante 180 días y a su eventual destitución será la aprobación de un parecer alternativo que niega la denuncia, el cual será enviado al pleno de la Cámara de Diputados, en el que sólo será acogido si lo deciden dos tercios de los 513 legisladores.

A tenor de la decisión tomada en la primera votación, ese segundo informe, que será analizado hoy mismo, no tendrá obstáculos y pedirá al pleno que la denuncia sea rechazada y archivada al menos hasta que Temer deje el poder, cuando la Justicia podría retomar el caso.

El presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, todavía no ha anunciado para cuándo convocará al pleno, aunque se conjetura que podría ser para mañana mismo o el próximo lunes.

Si no fuera así, cabe la posibilidad de que la decisión quede pendiente hasta agosto, pues el Parlamento iniciará un receso de dos semanas el martes próximo.

Aun así, es posible que el receso sea cancelado o que su inicio se postergue unos días a fin de dar lugar a la votación que dejará sellada la suerte de Temer, el primer mandatario brasileño acusado de un delito de carácter penal en pleno ejercicio del poder.

En cualquier caso, esa sesión dependerá de que se alcance un quórum mínimo de 342 diputados, número equivalente a los votos que serán necesarios para que la denuncia sea aceptada y, por tanto, se autorice a la Corte Suprema a instaurar el juicio penal.

En caso de que la mayoría de los diputados lo apruebe, entonces será la propia Corte Suprema la que tendrá la última palabra, tras un análisis del caso desde un punto de vista estrictamente jurídico.

La acusación de la Fiscalía sostiene que el mandatario incurrió en delitos de corrupción pasiva y se fundamenta en confesiones de directivos del grupo JBS, que han dicho que sobornan a Temer desde 2010 y que ello continuó incluso una vez que asumió el poder.

El presidente ha negado los cargos, sobre los que asegura que se apoyan en “falsas pruebas” y constituyen una “pieza de ficción” que “no puede ser aceptada por la Justicia”.