En Comú pide acabar con el régimen presidencialista del CGPJ fomentando la democracia interna y la paridad

La confluencia catalana de Podemos plantea esas iniciativas en el marco del paquete de propuestas de resolución que defenderá en el Congreso cuando se debata la Memoria del CGPJ correspondiente a 2014, según ha informado En Comú Podem.

Moya presenta sus propuestas como un “plan de choque” para hacer frente a las “disfunciones” de funcionamiento que aprecia en el órgano de gobierno de los jueces y con el objetivo de mejorar la eficacia, independencia y el respeto a los derechos de la ciudadanía ante la Justicia.

Para garantizar la independencia del Poder Judicial y la participación de todos sus miembros en la toma de decisiones acabando con un sistema que “deja fuera a unos vocales en perjuicio de otros”, En Comú apuesta por establecer los protocolos necesarios para que el CGPJ pueda pronunciarse frente a los ataques a la independencia judicial y por reforzar los mecanismos internos de democracia y de búsqueda del consenso.

Además, demanda la puesta en práctica del “criterio de preferencia de las mujeres en igualdad de méritos”, en fomento de una paridad inexistente aún en el órgano judicial.

En un segundo grupo de medidas, la confluencia catalana de Podemos defiende la implantación de un mecanismo que permita medir con fiabilidad las cargas judiciales y actuar para avanzar en el camino de equiparación con las ratios europeas de número de jueces por habitante.

EJECUCIÓN SE SENTENCIAS

Reforzar la inspección presencial, dotar de recursos y estabilidad a la policía judicial y el cuerpo de peritos y dar preferencia en la cobertura de plazas a los jueces de adscripción territorial, paliando el elevado índice de movilidad de magistrados y jueces, son otros de los objetivos que persiguen las propuestas de En Comú.

Asimismo, defiende la implantación de un sistema de auditorías, interoperables informáticamente, que se analicen las razones por las cuales dos de cada tres sentencias no son ejecutadas.

En el campo de la lucha contra la violencia machista, se insta a tomar las medidas necesarias para dotar de medios los servicios de atención a mujeres víctimas de violencia de género para que se implanten en todas las sedes judiciales las denominadas “salas amables”, destinadas a perjudicadas y menores.

LENGUAS COOFICIALES

Junto a todo ello, se propone un sistema de formación del personal al servicio de la Justicia en materia de conocimiento y aplicación del catálogo de derechos reconocidos en la Carta de derechos de los ciudadanos ante la Justicia a fin de ofrecer a la ciudadanía una prestación de servicio más cercana y a tomar las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho de opción lingüística de la ciudadanía, sin que ello sea causa de retrasos procesales.

En esta línea de defensa de las lenguas cooficiales, se pide normalizar el uso de las lenguas propias de cada comunidad en las comunicaciones y todo el funcionamiento interno de la Administración de Justicia y elaborar un mapa lingüístico identificando los territorios en los cuales el volumen de ciudadanía bilingüe exija reconocer como requisito para el acceso a la función jurisdiccional el conocimiento de las lenguas cooficiales.