Comunidades del PP esperan que los presupuestos prevean destinar a la justicia gratuita la recaudación de las tasas

Comunidad Valenciana, Galicia, Cantabria, La Rioja, Madrid y Aragón han informado al ministro de Justicia, Rafael Catalá, de las subidas que están experimentando en los costes de la justicia gratuita y han expresado su deseo de que, a través de los presupuestos de 2015, las comunidades puedan obtener parte de lo que el Estado ha recaudado con las tasas judiciales y dedicarlo a sufragar esos costes.

Catalá, reunido en Conferencia Sectorial con los consejeros de las comunidades que tienen transferidas las competencias en materia de Justicia --excepto Cataluña--, les ha comunicado que se trabaja para firmar con ellas convenios de cofinanciación durante la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado.

Hablando en nombre de las seis regiones gobernadas por el PP, el vicepresidente y consejero de Justicia de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha dicho en rueda de prensa que el ministro “se ha comprometido a trasladar” al Ministerio de Hacienda esa inquietud de las comunidades por el aumento de los costes.

La idea es, según ha explicado Rueda, que “en la ley de presupuestos que se está tramitando haya una enmienda para contemplar esos mayores costes que se están produciendo y que las comunidades autónomas puedan obtener parte de lo que hasta ahora se ha recaudado con las tasas para poder sufragar los aumentos en justicia gratuita”. “Es un paso adelante muy importante” porque “es algo que todos veníamos reivindicando”, ha añadido.

En cuanto a las tasas en sí, Catalá se ha comprometido a analizar la información de la Agencia Tributaria y los datos del Consejo General del Poder Judicial para revisar el sistema actual y ver si procede alguna modificación. Rueda ha indicado que las comunidades del PP han aplaudido que se vaya a hacer esta revisión tan “necesaria” y, sobre todo, que se vaya a basar en “criterios objetivos”, teniendo en cuenta la “repercusión real” de las tasas.

Por otro lado, en lo que se refiere a las reformas legislativas, Comunidad Valenciana, Galicia, Cantabria, La Rioja, Madrid y Aragón se han mostrado a favor de que en el Código Penal se introduzca la prisión permanente revisable, una medida que ha sido duramente criticada por juristas y por todos los grupos de oposición.

CELEBRAN QUE SE MANTENGAN LOS PARTIDOS JUDICIALES

También han aprovechado la Conferencia Sectorial para pedir a Catalá una “manifestación expresa” de que no seguirá adelante con los cambios relativos a la demarcación judicial en la Ley Orgánica del Poder Judicial según los había planteado el anterior ministro, Alberto Ruiz-Gallardón.

El proyecto de ley que será aprobado por el Consejo de Ministros en las próximas semanas mantendrá los partidos judiciales, si bien se establecerán sistemas alternativos de reparto de cargas de trabajo. “Prácticamente todas las comunidades autónomas” --incluidas las seis del PP-- “hemos expresado nuestros reparos al proyecto que estaba en marcha” y el ministro “ha confirmado que esta reforma no seguirá adelante”, lo cual “agradecemos”, ha manifestado el vicepresidente gallego.

COORDINACIÓN EN NUEVAS TECNOLOGÍAS

Por último, los seis consejeros autonómicos han pedido al responsable de Justicia que “lidere la imprescindible coordinación” en la puesta en marcha de un sistema tecnológico moderno que haga posible un proyecto compartido de gestión procesal. Actualmente, “hay diversos sistemas procesales en diversas comunidades” y “no es posible la interoperabilidad entre juzgados”, ha apuntado Rueda.

Los consejeros han agradecido a Catalá que los haya convocado con esta “rapidez” tras tomar posesión de su cargo hace algo más de un mes y que se haya comprometido a celebrar conferencias sectoriales “con regularidad”.

Según Rueda, les ha asegurado que el Ministerio tratará con las comunidades todos aquellos temas que les afecten y, “en la medida en que sea posible”, intentará “consensuarlos”. Por ejemplo, el ministro las mantendrá informadas “puntualmente y con la antelación suficiente” del contenido de los proyectos de ley para que puedan aportar sugerencias desde el punto de vista de sus competencias.