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Condenado a 25 años el etarra que intentó matar a empresario con carta bomba

Condenado a 25 años el etarra que intentó matar a empresario con una carta bomba

EFE

Madrid —

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La Audiencia Nacional ha condenado al etarra Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias “Gadafi”, a 25 años de cárcel por intentar matar en 1994 al empresario de Lazkao (Guipúzcoa) Juan Antonio Arruabarrena con una carta bomba envuelta en papel de regalo y enviada desde París.

La sentencia de la sección tercera de la Audiencia estima probado que “Gadafi” fue quien escribió la dirección del empresario en el paquete bomba, elaborado con una caja forrada de terciopelo marrón y envuelta en papel de regalo con un lazo rojo, dentro de la cual había un artefacto con “un poder de destrucción muy alto”.

Para ello se basa en las pruebas periciales caligráficas que demuestran que era efectivamente la letra de “Gadafi”, que fue condenado en Francia por pertenecer a ETA desde 1987 hasta su detención en ese país en el año 2000.

Los hechos se remontan al 4 de marzo de 1994, cuando un empleado de la empresa de pastas de Arruebarrena recogió la carta bomba en el apartado de correos de Lazkao, en la que figuraba como remitente una empresa parisina de bolígrafos.

Al sospechar de su contenido, el trabajador llevó el paquete a las dependencias de la Ertzaintza de la localidad, donde comprobaron que contenía un artefacto explosivo y lo desactivaron.

Durante el juicio contra Iglesias Chouzas celebrado la semana pasada, el empresario declaró que tuvo que irse de Guipúzcoa por las amenazas que sufría y que aún “tiene miedo” cuando vuelve al País Vasco.

En la sentencia, se explica que el destinatario de la carta, de 30 por 32 centímetros, era objeto de amenazas por parte de ETA y estaba sometido al impuesto revolucionario de la banda.

La sala condena a “Gadafi” a 25 años de cárcel por un delito de asesinato en grado de tentativa con la agravante de alevosía, dado que la “carta-trampa” conlleva el factor sorpresa que asegura la muerte de su destinatario, y le prohíbe acercarse al domicilio del empresario durante cinco años una vez cumplida la pena de prisión.

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