Condenados por alzamiento armado en Bolivia implican a dirigente opositor

El croata-boliviano Mario Tadic y el húngaro Elöd Tóásó, condenados hoy a cinco años y diez meses de prisión cada uno por alzamiento armado contra la seguridad del Estado con fines secesionistas en 2009, implicaron en ese plan al dirigente político opositor boliviano Ruben Costas.

Un tribunal boliviano impuso la condena, después de que Tóásó y Tadic admitieron previamente su complicidad en ese delito y se sometieron a un proceso abreviado, producto de un acuerdo con una comisión de fiscales que investigó el caso.

Tóásó, de 35 años, y Tadic, de 61, sobrevivieron el 16 de abril del 2009 a un operativo policial contra un grupo armado en el que murieron el croata-húngaro-boliviano Eduardo Rozsa, el rumano Magyarosi Arpak y el irlandés Dwayer Michael Martin.

La dos acusados están detenidos desde esa fecha por lo que prácticamente ya han cumplido la pena impuesta.

Durante la audiencia y después ante los medios, los acusados revelaron hoy la supuesta vinculación del grupo irregular con Costas, en ese entonces gobernador de la próspera región de Santa Cruz, y hoy candidato favorito a la reelección para los próximos comicios regionales convocados para fines de marzo.

Tadic declaró que hasta ahora habían encubierto “a un montón de malos cruceños”, a empresarios y políticos, entre ellos a Costas.

“El gobernador nos trajo. Estaba metida gente de la Cainco (Cámara de Industria y Comercio), gente de la CAO (Cámara Agropecuaria del Oriente), había metida gente de las cooperativas. Entonces, de una vez que se sepa”, afirmó Tadic ante los medios.

Tóásó, por su parte, respaldó todas las declaraciones de Tadic.

“Por desgracia toda mi declaración es verdad. Fuimos engañados por la gente de Santa Cruz y fuimos traídos aquí. Yo creo que merecen Santa Cruz y el país saber la verdad”, dijo Tóásó, quien insistió en que hubo reuniones de Rosza con Costas.

El caso del húngaro ha sido varias veces objeto de pronunciamientos de autoridades de Hungría que pedían su libertad, tras las dilaciones que sufrió el juicio por diversas causas.

Las “revelaciones voluntarias de los dos acusados” serán objeto de un análisis y una investigación por parte del ministerio Público, adelantó uno de los fiscales acusadores, Marco Antonio Rodríguez.

Tras conocerse la sentencia y al ser consultado por los medios, el presidente Morales declaró en Santa Cruz que los que buscaron “la independencia” de esa región, se equivocaron y que la obligación del Gobierno era defender la unidad territorial del país.

“Estamos convencidos, había un separatismo, gritaban independencia, ellos deben ser juzgados. Por encima de cualquiera sea nuestra diferencia programática, social, cultural, primero está la unidad de todo el pueblo boliviano”, dijo Morales.

Agregó que algunos políticos confundieron “la autonomía con la independencia”, pero que la Asamblea Constituyente realizada al principio de su gestión garantizó los procesos autonomistas.

El senador opositor Oscar Ortiz, colaborador cercano de Costas, ratificó, en declaraciones a los medios, que este caso siempre buscó condenar a los líderes opositores, especialmente “a la principal figura de Santa Cruz, Ruben Costas”.

A su juicio, las denuncias conocidas hoy tiene como propósito usar las instancias judiciales para inhabilitar a Costas, ya que el oficialismo no consigue ganarle en los comicios regionales.

“Estas son acusaciones absolutamente falsas, en las cuales se presiona a personas para que incriminen a otras en aras de lograr su libertad”, dijo el legislador.

Entre los tropiezos que tuvo el proceso está la renuncia de quien fue el principal fiscal acusador, Marcelo Soza, que en 2014 pidió asilo político en Brasil, tras ser denunciado por autoridades del Gobierno y opositores de supuestas extorsiones a los acusados.

Inicialmente, la denuncia de las autoridades también atribuía a ese grupo un supuesto plan para asesinar al presidente Morales, pero el fiscal Rodríguez dijo que el juicio se centró en las acusaciones de alzamiento armado y de terrorismo.

Además de Tóásó y Tadic, el imputado Juan Kudelka llegó también a un acuerdo con los fiscales y hoy fue condenado de seis años y nueve meses de prisión, también por complicidad en alzamiento armado.

Con el mismo procedimiento hace unos días, Ignacio Villa fue condenado a ocho años de prisión por el delito de complicidad en el plan secesionista.