Condenados 6 inversores por un fraude fiscal dirigido en 1993 por Ruiz Mateos

El Supremo ha condenado a pagar más de 16 millones de euros, en concepto de multas y responsabilidad civil, a seis inversores que los defraudaron a Hacienda en tres operaciones inmobiliarias que realizaron “bajo la dirección” del empresario José María Ruiz Mateos durante los años 1993 y 1994.

De este modo, el castigo judicial se impone veinte años después de ocurridos los hechos punibles, por lo que el Supremo confirma la rebaja de algunas de las penas debido a las dilaciones indebidas.

La sentencia confirma la condena a cinco meses de arresto mayor impuesta por la Audiencia Provincial de Madrid a José Ivancos Muñiz, abogado de José María Ruiz-Mateos, por un delito contra la Hacienda Pública. La misma pena mantiene para el exdirectivo Miguel Ángel Pérez Porra.

La sentencia rebaja a cinco meses de arresto la condena de dos años de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de Madrid a José Antonio Hurtado (15 meses de arresto por tres delitos), Antonio Carralón (10 meses de arresto por dos delitos), Teresa Garate y José Patón, y acuerda la absolución de Adolfo de Martitegui, que también fue condenado a dos años de prisión menor.

El Supremo considera que el procedimiento judicial se dirigió contra él cuando el delito fiscal ya había prescrito.

La sentencia impone a los condenados la obligación de pagar de forma solidaria, en concepto de responsabilidad civil, más de ocho millones de euros que defraudaron a Hacienda en tres operaciones inmobiliarias que realizaron durante 1993 y 1994. Les impone además multas por una cantidad similar.

La sentencia considera probados impagos fiscales por la venta por parte de la Sociedad Estacionamientos Urbanos, S.A. a Aparcamientos y Construcciones de las concesiones administrativas en los aparcamientos subterráneos de la calle Montalbán, de la plaza de España y de la calle Felipe II de Madrid por un precio de 29.449.593 millones de euros.

Los administradores y apoderados de la sociedad, “guiados del común propósito de procurarse un ahorro fiscal ilícito”, dejaron de ingresar en perjuicio de la Hacienda Pública 7.669.517 euros en la declaración del Impuesto de Sociedades del ejercicio 1993.

Aunque la toma de decisiones y ejecución de los actos llevados a cabo para defraudar a Hacienda la llevaron tres de los acusados, estaban “todos ellos concertados entre sí y bajo la dirección de facto del fallecido José María Ruiz Mateos para presentar la autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades de la entidad consignando los datos mendaces en cuya elaboración todos ellos habían participado”.

A esta operación se sumaron otras que también detalla la sentencia y cuyo castigo se impone veinte años después de ocurridos los hechos.