Condenan a todos los acusados de una masacre de Paraguay en un juicio con incidentes

El tribunal a cargo del caso de la masacre de Curuguaty, que en 2012 causó la muerte de 17 personas y el cese del presidente Fernando Lugo, condenó hoy a penas de entre 4 y 30 años de cárcel a los once acusados, en una sesión que transcurrió en medio de incidentes y protestas por el veredicto.

La causa se refiere a las muertes de seis policías durante la masacre, en junio de 2012, ya que el juicio, iniciado hace casi un año, resolvió únicamente sobre el fallecimiento de los agentes policiales, mientras que la Fiscalía nunca investigó las muertes de once campesinos durante la masacre.

El principal condenado fue Rubén Villalba, sentenciado a 30 años de prisión y 5 de medidas de seguridad por el homicidio doloso consumado de Erven Lovera, comisario al frente del operativo de desalojo que desembocó en la masacre.

Otros tres campesinos fueron considerados coautores del delito de homicidio: Luis Olmedo, condenado a 20 años de cárcel, y Néstor Castro y Arnaldo Quintana, ambos condenados a 18 años de cárcel.

Las tres mujeres procesadas, Fany Olmedo, Dolores López y Lucía Agüero, fueron condenadas a seis años de prisión como cómplices del homicidio, mientras que el resto de procesados, Felipe Benítez Balmori, Adalberto Castro, Alcides Ramírez y Juan Carlos Tillería, fueron condenados a cuatro años de cárcel por invasión de inmueble ajeno y asociación criminal.

Las penas impuestas fueron menores a las solicitadas por la Fiscalía, excepto en el caso de Rubén Villalba, a quien sí se impuso la condena que pedía el Ministerio Público, pero se le condenó a cinco años menos de medidas de seguridad.

El tribunal dispuso además que los condenados corran con las costas económicas del proceso, considerado el juicio oral más largo de la historia de Paraguay, que se inició el pasado 27 de julio en Asunción y en el que declararon cerca de 200 testigos.

La lectura del juicio se vio interrumpida en varias ocasiones por las protestas de los abogados defensores de los condenados y de parte del público asistente, que gritaron pidiendo libertad para los campesinos.

Los abogados trataron de recusar al tribunal por haber cambiado la acusación contra los procesados de homicidio doloso en grado de tentativa, a homicidio doloso consumado, pero los jueces decidieron proseguir con la lectura de la sentencia.

Mientras se leían las sentencias, una de las procesadas, Dolores López, se desvaneció y tuvo que ser trasladada fuera de la sala para recibir asistencia médica.

Los defensores pidieron entonces que se suspendiera la lectura por no estar presente una de las acusadas, pero los jueces no admitieron la petición.

Ante estos hechos, los abogados anunciaron que pedirán la nulidad de la sentencia, y decidieron permanecer ocupando la sala donde se desarrolló el juicio a modo de protesta, acompañados de cerca de una veintena de personas, entre las que se cuentan activistas, religiosos y familiares de los procesados.

Todos ellos están siendo custodiados por agentes antidisturbios, que también rodean el edificio del Palacio de Justicia, donde desde esta mañana se concentraron centenares de personas para seguir la lectura de la sentencia.

La plataforma Absolución Ya, que durante los últimos meses se manifestó para pedir la absolución de los acusados, convocó a la ciudadanía a una acampada de protesta permanente en la plaza frente al Palacio de Justicia, donde desde hace una semana varias mujeres permanecen encadenadas para exigir la liberación de los procesados.

El caso Curuguaty (este de Paraguay) se refiere a un operativo realizado el 15 de junio de 2012 por varios centenares de policías, que acudieron a desalojar a unos 70 campesinos de las tierras que habían ocupado para pedir que se integraran a la reforma agraria.

Durante el desalojo se produjo un tiroteo en el que murieron once campesinos y seis policías, pero la Fiscalía no investigó las muertes de los labriegos.

La matanza de Curuguaty sirvió de base al entonces opositor y hoy gobernante Partido Colorado para impulsar la destitución de Lugo en un juicio político tildado de irregular por instituciones como Mercosur y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).