Condenan a 8 y 6 años a dos argentinas que se apropiaron de un niño en la dictadura

Un tribunal argentino condenó hoy a penas de entre 8 y 6 años a dos mujeres por apropiarse y cambiar la identidad del nieto restituido José Luis Maulín Pratto, cuyos padres biológicos fueron perseguidos durante la última dictadura argentina (1976-1983), informaron fuentes judiciales.

El Tribunal Oral Federal de la ciudad de Santa Fe dictó 8 años de prisión para Cecilia Góngora, quien se apropió del bebé, y 6 para Elsa Nasatsky, la médica obstetra que asistió en el parto a la madre biológica de Maulín Pratto, que dio a luz en 1977 secuestrada por las fuerzas militares, y cambió luego la identidad del chico.

Pratto, el nieto restituido por la organización Abuelas de Plaza de Mayo número 120, se reencontró en 2009 con sus padres reales, Rubén Maulín y Luisa Pratto, que sobrevivieron al terrorismo de Estado, aunque su familia fue diezmada por los militares de la III Brigada Aérea de Reconquista, al mando de Danilo Sambuelli.

Después del parto, Nasatsky inscribió a Pratto en el registro bajo el nombre de José y como hijo de José Ángel Segretín y Cecilia Góngora, una pareja que en aquellos años tenía lazos familiares con efectivos de la Fuerza Aérea.

Además de por delitos de apropiación y supresión de identidad, Góngora y Nasatsky estaban acusadas de retención y ocultamiento de un menor de edad, así como de falsificación de documento público junto con Sambuelli, que murió en 2014 tras ser condenado a 21 años de prisión por delitos de lesa humanidad en otra causa similar.

La investigación comenzó en noviembre de 2008 a partir de los testimonios de Luisa Pratto y su hermana Griselda en el Juzgado Federal de la ciudad Reconquista, declaraciones que prestaron en la causa que investigaba al exmilitar.

El texto del tribunal ordenó asimismo que se rectifiquen los datos de José Luis en el registro civil, para que pase a figurar como hijo biológico de Luisa y Rubén.

Desde su procesamiento, las dos acusadas permanecen en libertad con condiciones (deben presentarse en una comisaría de la ciudad de Reconquista cada 15 días), una situación que se mantendrá hasta que la sentencia sea firme.

La sentencia fue menos dura que las demandas de la acusación particular, que reclamaba 15 años de prisión para ambas, y de la Fiscalía, que pedía 10 años.