Confesiones y contradicciones ante el juez del 'caso Villarejo': la ruta incompleta del móvil de la colaboradora de Pablo Iglesias

Las contradicciones entre testigos e imputados, y la decisión del juez de no llamar a declarar a alguno de los principales protagonistas, ha abocado la investigación sobre la difusión del contenido del móvil de una excolaboradora de Pablo Iglesias a un callejón sin salida, al menos de momento. De las declaraciones incluidas en la pieza 10 del caso Villarejo, a cuyo sumario ha tenido acceso eldiario.es, queda claro que la revista Interviú tuvo en enero de 2016 una copia de la tarjeta de memoria del dispositivo, que no publicó su contenido y que se la entregó al secretario general de Podemos. Después, el director y el subdirector de la ya desaparecida publicación facilitaron supuestamente una copia al excomisario Villarejo, por lo que continúan bajo investigación de la Audiencia Nacional acusados de revelación de secretos.

Semanas después, los medios Ok Diario y El Confidencial comenzaban a publicar información contenida en esa tarjeta, según recogen los informes que encargó el magistrado Manuel García Castellón a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía. Pero el magistrado instructor, con apoyo de la Fiscalía, se ha negado en múltiples ocasiones a llamar a declarar como investigado al director de Ok Diario, Eduardo Inda. El juez lo ha considerado “prematuro” todas las veces que lo han solicitado los abogados de Podemos y ha centrado las pesquisas en intentar concretar cómo llegó dicha tarjeta al excomisario Villarejo.

Alberto Pozas, director de Interviú entre 2008 y 2018, fue llamado a declarar como testigo en abril de 2019, después de que la Policía Nacional hallara en un registro en casa del excomisario dos carpetas informáticas donde se guardaba información sobre Podemos y datos privados de la que fuera asistente de Iglesias en Bruselas, Dina Bousselham. Pero ante la posibilidad de que el contenido de su declaración pudiera incriminarle, ésta se interrumpió y se retomó semanas después, ya en calidad de investigado y con asistencia letrada.

Ante el magistrado, Pozas dijo que llegó a la revista un sobre con una tarjeta de memoria SD en enero de 2019 y que, tras revisar su abundante contenido de forma rápida, comprobó que había información que afectaba a Pablo Iglesias. Por eso, señaló, decidió ponerlo en conocimiento del presidente de la empresa editora de la revista, el ya desaparecido Grupo Zeta, Antonio Asensio Mosbah.

Ese material eran algunas fotos y vídeos de carácter privado de la dueña del teléfono y de personas de su entorno, así como documentos internos de Podemos a los que no confirió mayor relevancia informativa. Asensio, quien declaró como testigo, aseguró por su parte que descartaron dichos documentos porque, según le dijeron, ya se habían publicado en otros medios, pero principalmente porque carecían de “valor social e interés informativo” . La llegada de la tarjeta a Interviú se produjo en enero de 2016 y las primeras informaciones de los documentos no llegaron hasta marzo.

Pozas dijo ante el juez no saber más del origen de la tarjeta y que el envió fue anónimo. Sin embargo, Asensio le contó al juez que el director de Interviú, a través de su director editorial, Miguel Ángel Liso, le hizo llegar que había aparecido en un “hotel de Madrid” y que alguien lo había hecho llegar hasta la publicación. Liso confirmó también esta versión en sede judicial y añadió que un cliente se lo había encontrado “en el cajón de la mesilla” de la habitación.

Asensio apuntó en su declaración como testigo, lo que le obliga a decir la verdad, que según le explicó Pozas fue “la fuente” [es decir, la persona que proporciona la información] la que dijo que el material había sido encontrado en un hotel e identificó a la dueña como “la pareja de Pablo Iglesias”, algo que ambos niegan.

En lo que los tres coinciden, aunque se disputan la iniciativa, es en que se decidió entregar la tarjeta a Pablo Iglesias, quien esa misma tarde acudió a la sede del grupo y, tras revisar su contenido en solitario durante unos cuarenta minutos, agradeció “mucho” el gesto y se marchó con el dispositivo. El secretario general de Podemos, quien compareció en el tribunal en calidad de perjudicado, aseguró en su declaración que él devolvió la tarjeta a Bousselham.

Bousselham, quien denunció en noviembre de 2015 el robo de su teléfono mientras se encontraba con la que era su pareja en un centro comercial de Madrid, entregó la tarjeta al juez cuando fue llamada a declarar como perjudicada. Pero el contenido de dicha tarjeta no ha podido ser analizado ya que, según un informe de la Policía Nacional que obra en el sumario, estaba dañada. Esto ha impedido acceder a los metadatos del dispositivo, lo que podría dar información sobre cuándo y cómo se produjo la copia.

En las pesquisas tampoco se ha indagado en la geolocalización del teléfono robado, lo que podría trazar la ruta que sigue. La ley obliga a las empresas a guardar los datos durante 12 meses y, a petición del juez, las operadoras han asegurado no tener ya la información guardada. El magistrado no ha aceptado, por otro lado, investigar la geolocalización en los últimos 12 meses, para comprobar si ha sido activado o no.

La entrega a Villarejo

El siguiente hito de la historia es el momento en el que el comisario José Manuel Villarejo, en aquel entonces en activo y destinado en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía, se puso en contacto con Interviú porque supuestamente se había enterado de que tenían la tarjeta y la necesitaba para sus investigaciones. Nadie ha explicado cómo pudo enterarse de que Interviú tenía esa información. Máxime cuando Asensio, según su declaración, entregó a Iglesias “la copia única” de la tarjeta que atesoraba Interviú.

Pozas explicó que eso fue posible porque se había quedado con una copia casi de forma casual, al descargarla en un ordenador para poder consultar su contenido cuando llegó a la revista. Junto a su subdirector, Luis Rendueles, quedaron con el comisario en el restaurante Txistu de Madrid “diez o quince días después” y allí le hicieron entrega del material.

Tampoco hay concordancia en los testimonios respecto a cuándo le dicen al presidente del grupo que llegó a la revista la tarjeta. Pozas relata que es de inmediato, ese mismo día o al siguiente. Pero Rendueles declara que eso ocurre “pasados unos días”. Tampoco hay consenso sobre si en el primer o primeros visionados de Pozas y Rendueles se aprecian fotos de la dueña de la tarjeta, Dina Bousselhoum, en bañador o semidesnuda. Ellos aseguran que no ven nada de eso antes de mostrarles a sus jefes unas fotocopias de imágenes extraídas de la tarjeta, pero el director editorial, que hizo de puente entre los responsables de Interviú y el presidente, le contó al juez que el tema era delicado desde el principio “por las fotografías de la chica”.

Alberto Pozas, que dimitió como responsable de prensa de información nacional en La Moncloa cuando fue citado por la Audiencia Nacional, explicó al juez que entendió la petición de Villarejo como un “requerimiento policial” procedente de un agente “prestigiosísimo”. Rendueles declaró que el policía aseguró que el fin era realizar “un informe para sus superiores”. En ese momento, el fiscal pregunta por esa valoración que hace el periodista del Policía cuando ya había salido a la luz que había grabado a Ignacio González y difundido una parte del contenido de su encuentro.

Por su parte, el comisario Villarejo dijo al juez que, efectivamente, había entregado la tarjeta con la información a la Dirección Adjunta Operativa, tal y como informó eldiario.es en primicia este jueves. La DAO, dirigida entonces por Eugenio Pino, fue el epicentro de la brigada política, la estructura policial que albergó las misiones contra la oposición y que echó a andar poco después de llegar Rajoy a La Moncloa y Fernández Díaz a Interior. Allí se redactó, por ejemplo, el apócrifo Informe PISA contra Pablo Iglesias.

En un momento dado, el fiscal le pregunta al subdirector de Interviú: “¿En algún momento sospechó que era Villarejo quien había hecho llegar el pendrive a la revista?”. Y el periodista contesta: “No. Le conocía poco entonces. ¿Que lo hubiese mandado de forma anónima y que luego me lo reclamara? Cualquier policía que diera información no la puedo publicar, la tengo que contrastar… Yo no he publicado ninguna foto sin consentimiento cuando era subdirector”.

Además del episodio con Ignacio González, en aquel momento ya había sido publicado que Villarejo había sido condecorado por su participación en la después llamada Operación Catalunya, que poseía un patrimonio de 12 sociedades por valor de 16 millones y que la doctora Elisa Pinto le había reconocido en sede policial como el hombre que la amenazó y pinchó por supuesta orden de Javier López Madrid. Rendueles se pronuncia ante el juez en la misma línea. Dice que heredó el contacto de Villarejo en la revista en 2015 y que sabía de él que había participado en las investigaciones de Gürtel y sobre los Pujol.