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El Congreso insta al Gobierno a defender los derechos de las personas afectadas por las cláusulas suelo
A las puertas de la comisión, minutos antes del análisis del texto, el portavoz de Justicia de la formación naranja, José Ignacio Prendes, ha expuesto que buscan un compromiso del Ejecutivo para defender los derechos de los más de 2,5 millones de afectados, con el fin de que puedan recuperar el dinero pagado “indebidamente”.
En su proposición, Ciudadanos recuerda sentencias del Tribunal Supremo o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) --que se tiene que pronunciar en los próximos días sobre la cuestión-- y solicita al Gobierno que inicie de forma urgente los trámites necesarios a los efectos de modificar la legislación española para garantizar de manera efectiva los derechos de los consumidores y usuarios frente a cláusulas suelos abusivas.
El PP también se ha sumado a la iniciativa del partido naranja, aunque prefería que el efecto retroactivo de la medida se aplicase “cuando proceda”.
Desde el Grupo Socialista han argumentado que las cláusulas suelo se impusieron “con mala fe, falta de transparencia e información” blindando así los intereses de la banca, por lo que han expuesto que las entidades tienen que devolver “todo el dinero robado a los ciudadanos fuera de la ley”.
Tanto Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) como Unidos Podemos han mostrado su respaldo a la PNL; la portavoz de Justicia de ERC, Ester Capella, ha argumentado que, además de las cláusulas suelo, existen otros paquetes bancarios financieros que han sido “lesivos” para los consumidores y “la gran estafa” de los particulares.
“INTOLERABLE E ILEGAL”
La diputada de Unidos Podemos Sara Carreño, por su parte, ha denunciado que la situación actual es “intolerable e ilegal” y ha afeado al Ejecutivo que tenga una actitud impasible ante el sufrimiento de miles de familias cuando paralelamente sí se ha rescatado a entidades bancarias con dinero público.
Ciudadanos denuncia en el texto que la incorporación de cláusulas suelo abusivas en contratos hipotecarios “supone un problema de primer orden social” y un “grave desequilibrio” en la economía de millones de familias, al tiempo que evidencia, según exponen, prácticas abusivas de bancos ante la debilidad de la legislación para salvaguardar los derechos de los consumidores.
