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El Congreso de Guatemala realizará antejuicio contra magistrado por corrupción
El Congreso de Guatemala aprobó hoy una moción privilegiada para realizar durante la plenaria el antejuicio contra el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Vladimir Aguilar, quien era procurador general cuando se firmó un contrato con la empresa portuaria TCQ, eje de una trama de corrupción.
Al inicio de la sesión plenaria de este jueves, los diputados dieron luz verde a este proceso con 100 votos a favor, por lo que, posteriormente, se procederá a integrar, por sorteo, una comisión parlamentaria que investigará si hay indicios para retirarle la inmunidad a Aguilar.
Esto se produce después de que el miércoles el Supremo de Guatemala diera trámite a la petición del Ministerio Público (MP, Fiscalía) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), trasladando el expediente al Organismo Legislativo.
La solicitud de antejuicio contra el magistrado Vladimir Aguilar establece que pudo incurrir en los delitos de “tráfico de influencias, concusión y resoluciones violatorias a la Constitución”.
Según la investigación, el magistrado, cuando era procurador, mantuvo “una serie de diálogos y encuentros” con personas del Gobierno, de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y de TCQ con el fin de, en su calidad de abogado del Estado, emitir “una opinión favorable a la legalidad del contrato de usufructo oneroso”.
El caso TCQ supuestamente está liderado por el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, ambos ligados a proceso por este caso, junto a otras 10 personas.
Por este mismo caso el también magistrado de la CSJ de Guatemala Douglas René Charchal perdió este martes su inmunidad.
El caso TCQ se urdió, según la Fiscalía, para cobrar un soborno millonario a cambio de un usufructo en la mayor portuaria del país, Puerto Quetzal.
El antejuicio es necesario para despojar de la inmunidad al magistrado y que así pueda ser investigado.
La Comisión Pesquisidora que se forme debe elaborar un informe para ser presentado al pleno, un documento que necesita la aprobación de al menos 105 congresistas de los 158 que integran la Cámara para retirarle la inmunidad a Vladimir Aguilar y que así pueda ser investigado.
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