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El Congreso, sin el PP, insta al Gobierno a inventariar las viviendas que usan los cargos públicos detallando sus gastos
Pese a que, según han recordado algunos portavoces, ya existe una ley de 1996 que regula el uso que se hace de estas viviendas, también se ha aprobado el segundo punto de la iniciativa de los republicanos que emplaza al Ejecutivo presentar un proyecto de ley “para la reglamentación de los espacios y medios públicos, en que se eliminen las posibles prebendas y privilegios de los funcionarios y cargos públicos”.
Durante la presentación de su iniciativa, la diputada de ERC Teresa Jordà, ha recordado algunas polémicas sobre el uso de medios públicos por parte de cargos y funcionarios, como la que se generó cuando se supo que, aunque no pertenece al cuerpo, el director general de Tráfico, Gregorio Serrano, estaba utilizando una vivienda de la Guardia Civil, cuyo acondicionamiento había costado más de 50.000 euros.
Jordà también ha mencionado los casos de la utilización de aviones del Ejército para acudir a actos de partido por parte del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, el de su ministra de Sanidad Leyre Pajín, quien utilizó un complejo en la isla menorquina de Llatzeret destinado al uso exclusivo del personal de su Ministerio, y el de Telma Ortiz, hermana de la Reina, que se alojó en una residencia militar en la localidad malloquina de Pollença destinada a miembros del Ejército del Aire.
PP Y PSOE CRITICAN AL “DEMAGOGIA” DE ERC
Los portavoces de PP, José Vicente Marí, y del PSOE, Antonio Hurtado, han coincidido en acusar de “demagogia” a ERC por esta iniciativa y le han recordado que ya existe una ley que regula la utilización de estos espacios y medios públicos.
Marí ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo de Mariano Rajoy con la transparencia, se ha mostrado a favor de limitar el uso “indebido” de estos medios y, en todo caso, ha recordado que la información que los republicanos quieren que el Gobierno envíe al Congreso ya se puede consultar en los diversos ministerios y organismos públicos. En este contexto, ha votado en contra del texto.
De su lado, Hurtado ha apoyado la iniciativa por considerarla positiva para avanzar en la transparencia, pero ha subrayado que “en esto de la prebendas y privilegios hay mucha demagogia y poca verdad” y ha instado a ERC a acudir al juzgado de guardia si tiene conocimiento de alguna actuación ilegal.
También han respaldado la proposición el PNV, el PDeCAT y Unidos Podemos, cuya representante, la nueva diputada de En Comú Alicia Ramos ha pedido que se establezca un régimen de sanciones para el uso ilegítimo de esos bienes públicos.
