El Congreso avala sin PSOE ni UPyD a la candidata del Gobierno para presidir el Consejo de la Transparencia

El Congreso ha dado este jueves su aval a la candidata propuesta por el Gobierno para presidir el Consejo de la Transparencia y el Buen Gobierno, Esther Arizmendi, aunque no ha contado con el respaldo del PSOE ni de UPyD, quienes consideran inaceptable que sea el Ejecutivo quien elija a la persona que debe vigilar la transparencia de la propia Administración el frente del órgano que velará por el cumplimiento de la ley del mismo nombre.

Cuando la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría anunció el viernes la propuesta de nombramiento dijo que el Gobierno había elegido “de lo mejor” de la Administración, destacando que la carrera profesional de Arizmendi ha estado “siempre ligada” a la administración en distintos momentos y responsabilidades y “ha trabajado en la implantación de nuevas herramientas, el despliegue de nuevas tecnologías y la formación que estas nuevas plataformas demanda”.

Ante la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso, Esther Arizmendi se ha presentado este jueves como una funcionaria con 33 años de servicio sin más compromiso que el que asumió a sus 25 años ante la Constitución cuando prometió servir “con objetividad” a los intereses generales. “Conozco las tres administraciones, sus entrañas --ha declarado ante los diputados--. Sus virtudes y también sus defectos; sus fortalezas y sus carencias”.

TRABAJÓ CON PSOE Y PP, SIEMPRE “CON LIBERTAD”

Según ha explicado, en los últimos diez años ha ocupado puestos directivos en la Administración, tanto con el PSOE como con el PP, y en ambos casos asegura haber tenido “libertad y respaldo total”. “Me han buscado por mi profesionalidad, ninguno me ha hecho preguntas ni ha hecho averiguaciones, todos han confiado”, ha añadido.

En sus ocho años con el Gobierno del PSOE, el entonces ministro Alfredo Pérez Rubalcaba le concedió la cruz del mérito policial por haber contribuido al sistema de cita previa del DNI, y con el PP empezó trabajando en la fusión de los ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas y luego ha estado al frente de la Dirección General de Modernización Administrativa hasta el pasado octubre.

Esther Arizmendi, que ha dicho sentirse “libre de todo compromiso” político, ha expresado su voluntad de trabajar con todos los grupos parlamentarios y, tras admitir que algunos puntos de la Ley de Transparencia parecen “un poco difusos”, ya ha adelantado algunos de sus planes, como poner en marcha un Portal de Transparencia con software libre que llegue a todas partes.

Tanto el PNV como CiU han avalado la candidatura de Arizmendi, pero no así el PSOE ni UPyD que, sin cuestionar su trayectoria en la Administración, han censurado el origen de la propuesta para su nombramiento.

EL CONTROLADO ELIGE AL CONTROLADOR

Álvaro Anchuelo, de UPyD, ha dicho que “no parece aceptable que el ministro de Hacienda nombre a un subordinado suyo para controlarle”, pues eso pone en cuestión su independencia. “El controlado está eligiendo al controlador”, ha resumido, añadiendo además el hecho de que el Consejo de Transparencia va a estar adscrito al Ministerio.

La socialista Susana Sumelzo ha subrayado que, a su juicio, Arizmendi “no es la candidata adecuada” pues, aunque tenga una dilatada carrera en la Administración, el puesto debería recaer en una persona con experiencia en el ámbito de la transparencia. “Hablamos de algo muy serio y aquí no se viene a aprender --ha remarcado--. Es ahora cuando hace falta una persona con prestigio en el campo de la transparencia y del buen gobierno”.

Según la dirigente del PSOE, esa “falta total de idoneidad” procede en buena medida de quien la propone, que es el Gobierno, que en su opinión “no se ha tomado en serio la transparencia”. “Mal empezamos cuando la presidenta forma parte del Gobierno, que trae una propuesta sin consensuar --ha añadido--. El procedimiento ha sido lamentable”.

Por parte del PP, su portavoz en la Comisión Constitucional, Pedro Gómez de la Serna, ha criticado al PSOE por no haber pactado en su día la Ley de Transparencia y por censurar la candidatura de Arizmendi. A su juicio, todo ello se debe a que los socialistas “están en una estrategia de no llegar a acuerdos con el PP”. “Es el tributo que quieren pagar a esas fuerzas que les están comiendo terreno por la izquierda --ha afirmado--. Pero con las cosas del comer no se juega, con la transparencia no se juega”.

La elección de Arizmendi ya suscitó un debate en el Pleno del Congreso en la sesión de control, cuando el portavoz del Grupo Socialista, Antonio Hernando, cuestionó la elección de Moncloa: “Van a nombrar presidenta del Consejo de Transparencia a un alto cargo de su Gobierno, con lo que desde el principio su independencia va a estar en tela de juicio”, avisó Hernando.

A lo que la vicepresidenta replicó subrayando que la elegida fue asesora del exsecretario de Estado de Cooperación Territorial y exdirigente socialista andaluz Gaspar Zarrías: “Claro que hemos propuesto un técnico de Administración Civil para el Consejo, porque nos parecía muy bueno. Nos debió parecer muy bueno a nosotros y al señor Zarrías, porque era asesora de su Gabinete. Creo que si le servía al señor Zarrías, puede servir para el Consejo de la Transparencia”, espetó Sáenz de Santamaría.

NO TENGO MÁS CARNÉ QUE EL DNI

Frente a las críticas, Arizmendi ha defendido la “plena independencia” del Consejo de Transparencia, pese a su adscripción administrativa a un ministerio, y ha recordado que su mandato, de cinco años, continuará la próxima legislatura, gobierno quien gobierne. “No tengo más carné que el DNI y el de funcionaria. Y la independencia mayor es la vinculación al servicio al ciudadano”, ha remachado.

Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y consultora de formación por la Autónoma de Barcelona, Arizmendi es también técnico por la Administración General, técnico superior de la administración local y técnico superior de la administración civil del Estado.

El Consejo de la Transparencia es el encargado de velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad y buen gobierno, así como garantizar el derecho de acceso a la información pública incluido en la Ley de Transparencia.