El Congreso acepta tramitar la propuesta de UPyD de jerarquizar sueldos de políticos tras excluir al Rey y los diputados

La Mesa del Congreso ha aceptado finalmente tramitar una proposición de ley de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) para ordenar jerárquicamente las retribuciones de las autoridades y cargos públicos del país, después de que la formación de Rosa Díez haya renunciado a incluir en esta especie de tabla retributiva al Rey, a los presidentes del Congreso y el Senado y al resto de diputados y senadores.

La propuesta original de UPyD planteaba un estructura piramidal para la asignación de los sueldos en cuya cúspide estarían en Jefe del Estado y el presidente del Gobierno. Después habría un segundo grupo del que formarían parte los presidentes del Congreso y el Senado y, varios niveles por debajo aparecían primero los diputados y después los senadores.

El órgano de gobierno de la Cámara ya había avisado hace dos semanas a UPyD de que los puntos de la iniciativa que afectaban al Rey implicaban una reforma de la Constitución, que establece que el jefe del Estado distribuye su asignación presupuestaria “librementge”. Y recordó además que tanto el Congreso como el Senado representan un poder legislativa que se regula con plena autonomía. Por eso, el órgano de gobierno de la Cámara dejó en suspenso la calificación de la iniciativa y dio al grupo proponente la posibilidad de reformularla para ajustarla al Reglamento.

La formación magenta debía por tanto desgajar de su iniciativa lo relativo a la Corona y a las Cortes Generales y, si quería seguir adelante con ello, presentarla como una propuesta de reforma de la Constitución. De momento, UPyD volvió a registrar su iniciativa original pero renunciando a lo relativo al Jefe del Estado y los miembros del Congreso y el Senado.

A ESPERAR TURNO PARA DEBATIRLO EN EL PLENO

Tras esta modificación, fuentes parlamentarias han confirmado a Europa Press, que la Mesa del Congreso ya ha dado vía libre a la iniciativa que ahora esperará su turno para poder ser debatida en el Pleno del Congreso.

En concreto, el texto que ha pasado el filtro de la Mesa establece una pirámide de salarios a través de una clasificación de cargos públicos en grupos retributivos de tal manera que un grupo inferior nunca pueda percibir un salario bruto anual mayor al de cualquier otro cargo público de un grupo retributivo inmediatamente superior.

En la cúspide, Grupo 1, tras la desaparición de la mención al Jefe del Estado se sitúa ya únicamente al presidente del Gobierno. Por debajo, en el Grupo 2, aparecen los vicepresidentes de Gobierno, y los presidentes del Consejo del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional, pero ya no figuran los presidentes del Congreso y del Senado.

En el tercer nivel se situarían los ministros, el gobernador del Banco de España, los presidentes del Consejo de Estado y del Tribunal de Cuentas, el vicepresidente del Tribunal Constitucional y el fiscal general del Estado. En el Grupo 4 aparecen el subgobernador del Banco de España, el Defensor del Pueblo, los secretarios de Estado y los magistrados del Tribunal Constitucional.

El quinto escalafón, que antes incluía a los diputados, ahora reúne a los subsecretarios y los presidentes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), y del Consejo Nacional de Mercados y Competencia (CNMC). En el sexto nivel, tras la salida de los senadores, colocan los delegados del Gobierno y los embajadores. Séptimo escalón para diputados provinciales y concejales de las ciudades de más de medio millón de habitantes y la tabla la cerrarían otros dos niveles donde se encuadarían, entre otros, el resto de ediles.

El partido que lidera Rosa Díez no pone cifras a la horquilla salarial de cada grupo retributivo, asunto que quedaría pendiente de desarrollo reglamentario tras un informe de Hacienda y Administraciones Públicas. No obstante, y a tenor de la situación actual, habría que subir algunos sueldos y bajar muchos.

CAÓTICO SISTEMA RETRIBUTIVO

En su texto para poner fin al “caótico sistema retributivo actual, en el que muchos altos cargos tienen una remuneración en muchos casos superior a la del presidente del Gobierno”, UPyD aprovecha para reivindicar un “sistema transparente”, un “régimen estricto de incompatibilidades de remuneraciones y la prohibición de sobresueldos, a fin de preservar la buena imagen de la política.

Una incompatibilidad que propone incorporar es la de parlamentario (diputado, senador o autonómico) y concejal, algo que actualmente es legal y muy utilizado principalmente por el PP, que tiene varios alcaldes y portavoces municipales en el Congreso y en el Senado.

Por último, el partido magenta propone evaluar el trabajo que hacen los altos cargos ya que incluye un artículo para “establecer reglamentariamente los criterios que permitan la evaluación del desempeño de los cargos sujetos a esta ley, que articulen los conceptos retributivos variables en función de la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados”. Esos sistemas de evaluación del desempeño se adecuarán a “criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación”.