El Congreso, atascado en un embrollo jurídico permanente

Cuentan los viejos cronistas parlamentarios que cuando en el Congreso se quiere dilatar la solución de los problemas hay dos opciones, o se pide un informe jurídico o se crea una subcomisión, aunque en esta legislatura la ración es doble, con inflación de informes de los letrados y récord de subcomisiones.

No hay semana en la que la Mesa del Congreso no encargue un nuevo dictamen a los servicios jurídicos ante las dudas y conflictos legales que van surgiendo cada vez que un tema espinoso sale a la palestra sin consenso.

Los dos últimos embrollos los protagonizan los vetos del Gobierno a las proposiciones de ley que presenta la oposición y la pendiente renovación de RTVE, aunque tampoco son los únicos.

Y es que el Congreso anda enfangado en conflictos legales desde el arranque de la legislatura pasada que acabó en la repetición de elecciones en junio de 2016.

Ya entonces, el Gobierno en funciones del PP se negó a someterse al control de un Parlamento que no le había investido y que durante aquella breve legislatura presidía el socialista Patxi López.

Una pugna entre el poder legislativo y el ejecutivo que acabó con un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional.

El Congreso, con un PP en minoría en la Mesa como ahora, acudió al Constitucional al entender que el Gobierno podía estar en funciones pero no así la Cámara Baja, que mantenía intacta su capacidad de control sobre el Ejecutivo.

Por contra, Moncloa mantenía que al no existir una relación de confianza entre un Gobierno en funciones y el Parlamento, no era posible que fuera sometido a su control.

Terminó a los pocos meses la XI legislatura, se repitieron las elecciones, Mariano Rajoy fue investido y los choques jurídicos regresaron al Congreso.

Con un Gobierno del PP de nuevo en minoría, la oposición ha intentado en estos dos años desmontar el edificio legislativo de la primera legislatura de Rajoy como la ley de educación, la “ley mordaza” o la reforma laboral.

El arma del Ejecutivo para defenderse de un Congreso hostil ha sido recurrir a los vetos, una prerrogativa constitucional que permite al Gobierno oponerse a la tramitación parlamentaria de las iniciativas que considera pueden afectar a los gastos o ingresos presupuestarios.

Desde que comenzó la legislatura, el Gobierno del PP ha vetado casi sesenta proposiciones de ley, siempre con ese mismo argumento.

Una estrategia que ha irritado a la oposición que ha tenido claro desde el primer momento que el Gobierno abusa de ese precepto constitucional para neutralizar al Congreso.

Al igual que ocurrió en la anterior legislatura, este conflicto acabó en el Tribunal Constitucional, que hace apenas unas semanas terminó por dar la razón al Congreso.

El fallo del Constitucional no cuestiona la prerrogativa del Gobierno para vetar las iniciativas que cree que afectan a los presupuestos, pero limita su ámbito de actuación al ejercicio presupuestario en curso.

Amparándose en la doctrina del TC, el PSOE y Unidos Podemos han reclamado a la Mesa del Congreso que reconsidere ese medio centenar de vetos que semana tras semana eran ratificados por el PP y Ciudadanos, con mayoría de bloqueo en este órgano.

Y aquí vuelve el embrollo jurídico. ¿Puede la Cámara Baja levantar todos los vetos en bloque y con efecto retroactivo?

Ante las dudas legales, la Mesa ha encargado otro informe a los letrados y, de momento, deja en el aire cualquier nuevo veto que presenta el Gobierno.

A la espera de lo que diga ese dictamen, Podemos ha decidido anticiparse y ha vuelto a registrar la veintena de iniciativas que le habían bloqueado.

La Mesa les ha dado curso y tendrá que ser ahora el Gobierno el que deba pronunciarse por segunda vez sobre su tramitación. Tiene un mes de plazo.

No es el único conflicto jurídico que el Congreso tiene entre manos.

La renovación de la dirección de RTVE, pendiente desde septiembre, ha abierto otra pelea entre el PP, por un lado, y el PSOE, Podemos y Ciudadanos, por otro.

Estos tres grupos elevaron una propuesta para elegir mediante concurso público a la cúpula del ente público, texto que debía ser ratificado por las Mesas conjuntas del Congreso -donde el PP está en minoría- y el Senado, donde los populares disfrutan amplia mayoría.

Sin acuerdo en las Mesas, dos nuevos informes jurídicos, uno encargado en la Cámara Baja y otro en Alta, deberán arrojar luz sobre qué hacer cuando las decisiones de ambos órganos son contrapuestas.

A ello se suman las dudas jurídicas planteadas por el PP y, en especial, por la presidenta del Congreso, Ana Pastor, sobre la plena legalidad del concurso público planteado por el PSOE, Podemos y Cs.

Según los populares no se ajusta a la Ley de Contratos Públicos y olvida elementos fundamentales como un baremo para los aspirantes o un proceso de impugnación de las candidaturas.

Por enésima vez, la Mesa ha decidido encargar un informe que aclare si el concurso público se ajusta a derecho.

Más trabajo para un cuerpo de letrados compuesto por medio centenar de funcionarios en activo entre el Congreso y el Senado.

Letrados que además del peso administrativo de las comisiones, se encargan de la asesoría jurídica, no solo para este tipo de embrollos legales, sino para la redacción de las propias leyes.

Enrique Rodríguez de la Rubia