El Congreso certifica la caducidad del grueso de las iniciativas de la XI Legislatura

La Mesa de la Diputación Permanente del Congreso ha certificado este martes la caducidad del grueso de las iniciativas parlamentarias registradas en la recién terminada XI Legislatura y ha constatado que sólo quedarán 'vivas' para la siguiente las procedentes de otras instituciones y la sociedad civil.

En los cinco Plenos que el Congreso celebró en la legislatura más corta de la democracia se aprobaron 16 iniciativas de los grupos parlamentarios, incluida la tramitación de siete leyes y la creación de una comisión de investigación sobre el voto rogado, que ni siquiera llegó a constituirse. También se convalidó un decreto ley para prorrogar las ayudas a los parados de larga duración, y se dio luz verde a ocho proposiciones no de ley sobre diversos temas.

LOMCE, LEY 25, TASAS JUDICIALES, VOTO A LOS 16 AÑOS...

Las leyes que el Congreso aceptó tramitar perseguían suspender el calendario de implantación de la LOMCE, impulsar la llamada la Ley 25 de emergencia social, crear un Registro de 'lobbies' en el Congreso, desclasificar los secretos oficiales a los 25 años, modificar el régimen de tasas judiciales y rebajar a los 16 años el derecho de voto.

Todas estas iniciativas han sido oficialmente archivadas este martes tras el acuerdo adoptado por la Mesa de la Diputación Permanente, según han precisado a Europa Press fuentes parlamentarias. Tal y como establece el Reglamento del Congreso únicamente quedarán vivas para la siguiente legislatura los textos con origen fuera de la Cámara.

Se trata, en concreto de siete propuestas de Parlamentos autonómicos --dos reformar estatutarias, una constitucional y cuatro proposiciones de ley--, dos convenios con comunidades autónomas, cinco iniciativas legislativas populares, las peticiones ciudadanas remitidas al Congreso, y los informes y memorias del Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, el Consejo de Seguridad Nuclear y la Cuenta General del Estado, que han quedado pendientes.

Y, OTRA VEZ, EL ESTATUTO VALENCIANO DE 2011

Una de las iniciativas que podrá retomar el nuevo Congreso, es reforma del Estatuto de la Comunidad Valenciana, que cumplirá su cuarta legislatura en la Cámara Baja. El texto llegó a la Carrera de San Jerónimo en IX Legislatura, concretamente en marzo de 2011 y, cinco años después aún no se ha empezado a discutir en profundidad. Eso sí, ha sido sometido a dos debates de toma en consideración y tendrá que pasar un tercero en el nuevo Congreso.

La reforma, que persigue mejorar la financiación de esta comunidad, se aprobó en su momento con la mayoría absoluta del PP en las Cortes Valencianas, pero las reticencias del PP nacional a atender esa reivindicación desde el Gobierno fueron postergando su debate. Cada vez que se incluía en el orden del día del Pleno del Congreso, el Parlamento proponente pedía aplazarlo.

El cambio en la correlación de fuerzas en las Cortes Valencianas y el nuevo gobierno autonómico de PSOE y Compromís permitió llevar por fin el texto al hemiciclo el pasado mes de septiembre. El PP acabó aceptando su tramitación, pero a partir de ahí prórrogas y a la nevera.

El texto quedó vivo para la XI Legislatura, pero hubo que repetir el debate de toma en consideración a principios de abril y no pudo irse más allá. Y lo mismo tendrá que hacer la nueva Cámara, volver a votar si acepta tramitarlo, para ver si, cuatro legislaturas después, por fin es aprobado.

SEGUNDO INTENTO PARA EL ESTATUTO CANARIO

La nueva Cámara también heredará --procedente de la X legislatura anterior-- una propuesta para reformar el Estatuto Canario que llegó a la Carrera de San Jerónimo en abril de 2015 y que ni siquiera se sometió al debate de toma en consideración.

Se trata del segundo intento de reforma que hace el archipiélago, puesto que esta iniciativa se basa en la frustrada reforma impulsada en 2006, también por CC y socialistas, dentro de la ola de los denominados 'estatutos de segunda generación', que se modificaron durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero.

Además de estos dos textos estatutarios, también quedó pendiente de la anterior legislatura una propuesta de reforma de la Constitución aprobada por el Parlamento asturiano para que basten medio millón de firmas para pedir un referéndum y que éstos sirvan para derogar leyes.

También han quedado vivas una proposición de ley de las Cortes de Aragón para modificar el Código Civil, otra de Murcia sobre autoconsumo eléctrico y una balear de apoyo a emprendedores. En la corta XI Legislatura sólo llegó al Congreso una norma autonómica, concretamente procedente de Galicia para la transferencia a esta comunidad de la AP-9, que se pondrá a la cola cuando arranque la siguiente.

Al igual que las propuestas procedentes de Parlamentos autonómicos también sobreviven a las legislaturas las Iniciativas Legislativas Populares (ILP) impulsadas por los ciudadanos. Las nuevas Cortes tendrán que ocuparse de cinco de estos textos (tres heredados de las anteriores y presentados este año) que versan sobre temas tan diversos como la dependencia, la custodia compartida, la implantación de un ingreso mínimo vital, la eliminación de privilegios de los políticos o la dación en pago.