La oposición a Pedro Sánchez: 1.300 preguntas escritas en 90 días
Los diputados del Congreso quieren que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez rinda también cuentas por escrito. En los tres meses que el presidente y sus ministras llevan en sus cargos, los parlamentarios de los diferentes grupos de la oposición han registrado en la Cámara baja más de 1.300 preguntas por escrito sobre todo tipo de asuntos. Una cantidad que contrasta con las más de 3.400 preguntas que enviaron al Gobierno de Mariano Rajoy en el mismo periodo de tiempo.
El Partido Popular, al ser ahora el grupo de la oposición más numeroso, es el que exige un mayor número de respuestas al nuevo Ejecutivo de Sánchez sobre asuntos de diversa índole. A veces, incluso sobre detalles tan insólitos cómo “qué tipo de gafas” usaba el presidente en el viaje que realizó en un Súper Puma entre la Moncloa y Torrejón de Ardoz y “si estaban graduadas”. Es la respuesta del PP a los tuits que el departamento de Comunicación del presidente mandó incluyendo fotografías de Sánchez trabajando en el avión junto a uno de sus colaboradores, que algunos asesores de comunicación política interpretaron como un intento de emular la escenografía utilizada por presidentes norteamericanos como Barack Obama o John Fitzgerald Kennedy.
Hacer preguntas por escrito a los gobiernos de turno es uno de los recursos que tienen sus señorías para conocer datos concretos acerca de temas que o bien les interesan por afectar a sus circunscripciones, o bien por haber causado polémica o alarma social. Es un elemento clave de la tarea de oposición y tiene la utilidad de conocer la posición de Gobierno sobre asuntos que no solventan en otras comparecencias parlamentarias.
El reglamento del Congreso no establece ningún límite a los diputados para formular preguntas por escrito al Gobierno. Esto da lugar a que un único diputado pueda llegar a tener registradas cientos de preguntas en una legislatura, incluso varias docenas sobre un mismo tema, pero cambiando en el enunciado la provincia de la comunidad a la que le afecta la cuestión.
Una vez presentadas, es la mesa del Congreso la que las califica y las admite o rechaza. En el artículo 186 del reglamento se especifica también que no serán admitidas “las de exclusivo interés personal de quien la formula o de cualquier otra persona singularizada, ni la que suponga consulta de índole estrictamente jurídica”. Con esta excusa ERC ha visto vetadas algunas sobre el rey emérito y sus actividades.
Plazos que no se cumplen
Una vez registradas y a partir de su publicación en el Boletín de las Cortes, el Gobierno tiene un plazo de veinte días para contestarlas “pudiendo prorrogarse a petición motivada del propio Gobierno o por acuerdo de la Mesa del Congreso, por otro plazo de hasta veinte días más”, según el artículo 190 del reglamento.
Si pasado ese tiempo no hay respuesta el autor de la pregunta puede exigir a la presidenta de la Cámara que se le dé tratamiento de pregunta oral, “dándose cuenta de tal decisión al Gobierno”. Este supuesto se ha dado en bastantes ocasiones, siendo los secretarios de Estado los que por lo general se someten a un cara a cara con el/la diputado/a en cuestión en la comisión correspondiente.
El departamento encargado de canalizar este trabajo, que en todas las legislaturas desborda al Gobierno, es la secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes. El nuevo titular es José Antonio Montilla, cuyo cargo depende de la vicepresidenta Carmen Calvo.
Un portavoz de su departamento explica a eldiario.es que están ya respondiendo a muchas de estas preguntas, cifrando las recibidas en el Congreso en total desde el inicio de la legislatura en 34.436 y en el Senado en 43.628. Curiosamente, ninguna de las dos cifras coincide con las que salen en el buscador de iniciativas de las webs de ambas Cámaras que dan números algo más elevados. Una distorsión que en la secretaría de Estado achacan a las fechas en las que las últimas preguntas han sido registradas.
Pese a la diligencia con la que trabajan, reconocen que les faltan manos y que de las recibidas desde junio dirigidas al nuevo Gobierno -que ellos datan en 876 y la web del Congreso en 1.300- solo han contestado 168.
Pero dado que ha habido un paréntesis vacacional y que en julio y agosto se paralizan los plazos, los técnicos tienen hasta finales de septiembre para responder a las que siguen pendientes, algunas 'heredadas' del anterior gobierno del PP “que no ha hecho los deberes a tiempo”.
La 'curiosidad' del PP por las gafas de Pedro Sánchez
En el PP, uno de los diputados más curiosos es el extremeño Carlos Floriano, que ha centrado su interés en varias fotos del viaje de Pedro Sánchez en un Súper Puma que su equipo subió a Twitter, en las que se veía al presidente con gafas oscuras. Floriano presentó una batería de preguntas al nuevo Gobierno para saber “qué clase de gafas son las utilizadas por el Presidente del Gobierno en el momento que observa unos documentos en el avión oficial que aparece en la foto publicada en la cuenta oficial de twitter de La Moncloa” y “si están graduadas”.
Días después de que el líder del PSOE se instalara en la Moncloa, Floriano y el nuevo secretario general del partido, Teodoro García Egea, se interesaron en otra pregunta por “la opinión del Gobierno acerca de si los cambios efectuados en el currículum del Presidente reflejan que los anteriores fueron deliberadamente inflados o falseados”. Por entonces las dudas sobre el máster de Pablo Casado estaban en pleno apogeo.
García Egea, junto con otros diputados del PP murciano, también se han mostrado preocupados por la modificación del trazado del AVE entre Murcia y Lorca.
En Ciudadanos también han interpelado por escrito al Gobierno por múltiples motivos. La diputada Marta Martín, portavoz de Educación, por ejemplo, ha pedido detalles sobre las medidas tomará para “garantizar” la “legalidad” y “adecuación” de los títulos universitarios a la normativa existente tras las “irregularidades” en el máster de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) que realizaron tanto el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, como la expresidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes.
Los parlamentarios de Unidos Podemos también han registrado su cupo de preguntas al nuevo Ejecutivo. Una de las más recientes es la de Javier Sánchez Serna, sobre “las denuncias públicas sobre suspensos masivos y opacidad en los procesos de selección del profesorado del año”.
Garzón pide la lista de la amnistía fiscal
Pablo Iglesias, que se ha tomado unas semanas de permiso tras el nacimiento de sus hijos, no tiene registrada ninguna pregunta escrita; la portavoz del grupo, Irene Montero -de baja también desde primeros de julio por su maternidad- solo ha preguntado al anterior Gobierno del PP, mientras que Iñigo Errejón se ha centrado en conocer “el plan de Choque para el Cercanías de Madrid”, la frecuencia de los trenes y las inversiones que se han hecho en el feudo donde va a ser candidato.
Su compañero de grupo y coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, es uno de los más activos en este aspecto. Además de un nutrido grupo de preguntas registradas al anterior Ejecutivo, Garzón ha preguntado ya por diversos asuntos al de Sánchez, entre ellos por la publicación de la lista de defraudadores de Hacienda que ha reclamado insistentemente.
También ha pedido al Gobierno que explique por escrito cuándo va a retirar “las concertinas” y por el cambio de criterio sobre las “devoluciones en caliente” de inmigrantes que llegan de forma irregular a España.
La actividad de ERC en el Congreso desde la llegada de Sánchez al poder en cuanto a preguntas escritas no ha sido muy intensa. Joan Tardá no ha registrado ninguna en estos meses, mientras el portavoz del grupo, Gabriel Rufián, se ha interesado por los “privilegios” de Iñaki Urdagarín en la cárcel y ha preguntado por las “medidas previstas por el Ministerio del Interior acerca del mantenimiento del cuñado del Rey en la prisión de mujeres de Brieva, así como su opinión sobre las medidas de seguridad extraordinarias en este caso”.
El PNV tampoco ha registrado apenas preguntas escritas. El único que tiene una al nuevo Gobierno es Mikel Legarda para pedir explicaciones sobre las declaraciones del exguardia civil, Miguel Pastrana, hechas el pasado 30 de junio, en un programa de TV3 “relacionadas con torturas a presos vascos”
El PDeCAT se preocupa por los “presos políticos”
Los diputados del PDeCAT centran principalmente su atención en la situación de los “presos políticos” en las cárceles de Catalunya antes de que el Gobierno decidiera acercarlos a prisiones catalanas. Así, el portavoz y diputado por Barcelona, Carles Campuzano, preguntó en julio si el Gobierno estaba haciendo algo “ante la Fiscal General del Estado para que promueva ante el Tribunal Supremo las actuaciones pertinentes para solicitar la excarcelación de los políticos independentistas en situación de prisión preventiva”.
Su compañero, el diputado por Girona Jordi Xuclá, también presentó una batería de preguntas al Gobierno en junio para saber su opinión “sobre la imagen exterior de España y de su democracia, proyectada por el hecho de que la justicia alemana haya negado el delito de rebelión y haya dejado en libertad al expresidente Carles Puigdemont, mientras que en España dirigentes políticos y cívicos como los exconsejeros Lluís Puig, Meritxell Serret y Toni Comín, siguen en prisión preventiva”.
Algunas de esta preguntas ya han recibido respuesta, como la de Xuclá. El Gobierno asegura en su respuesta que la imagen de España en el exterior “es sólida, consolidada y homologable a la de los países más avanzados de su entorno político, económico y social”.
En el PDeCAT se han preocupado además por los refugiados y la inmigración. El propio Campuzano, que es portavoz del grupo en la comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, tiene registradas varias preguntas sobre las “previsiones acerca de promover un protocolo de atención a las personas migrantes que llegan de forma irregular a la costa”, o cruzan a Ceuta o a Melilla.
Otros diputados del Grupo Mixto, como Carlos Salvador, de UPN, se han dirigido recientemente al nuevo Gobierno para saber, por ejemplo, las razones de “extrema necesidad o urgencia” “que avalarían o justificarían legalmente los cambios que propone el Gobierno en la LOMCE”. O para que le diga si van a “respetar el derecho de los padres que quieran mantener la asignatura de Religión o su sustituta como evaluable”.
El enfado del senador Mulet por las respuestas del PP
En el Senado la acumulación de preguntas escritas es también digna de reseñar. Sin embargo, en muchas ocasiones las quejas por el tono de las respuestas o por la escasa información que aportaba el anterior Gobierno del PP ha estado a la orden del día.
Muy sonado fue el caso del senador de Compromís, Carles Mulet, que en febrero del año pasado lamentó que “centenares de preguntas” en las que exigía conocer qué medidas se iban a emprender contra los municipios o entidades que incumplen la ley de memoria histórica, el Gobierno las “ventilara” “evitando el asunto y sin entrar en materia” , cuando no con respuestas de “mala calidad o burla habitual”.
Por ello, Mulet registró un escrito en la Cámara Alta con una pregunta “para ver si se trata de un problema de comprensión, atención o de interés en la temática”: “¿Qué protocolos tiene adoptados el Gobierno ante la posibilidad de un apocalipsis zombi?”.
El Gobierno de Mariano Rajoy esta vez se dio prisa en contestar y tiró de la ironía para reconocer que “no dispone de protocolos específicos para dicha eventualidad, entre otros motivos, porque poco se puede hacer llegado ese momento”.
