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El Congreso da vía libre a la reforma parcial de la financiación autonómica con el rechazo de toda la oposición
La iniciativa incluye un nuevo mecanismo de sostenibilidad del gasto sanitario, que impone limitaciones: el Gobierno penalizará a las comunidades cuyo gasto farmacéutico crezca por encima del PIB nacional.
Será de adhesión voluntaria para los gobiernos regionales, pero las autonomías que superen los límites impuestos no podrán prestar servicios distintos de los de la cartera común del Sistema Nacional de Salud, lo que se llama cartera de servicios complementarios, entre otras restricciones.
En el Senado, el PP introdujo en la ley sus cuatro enmiendas, entre las que se encuentra una para dotar un fondo para que los ayuntamientos puedan hacer frente a la ejecución de sentencias judiciales firmes, del que podrían beneficiarse en principio 176 entidades locales y con un importe de cerca de 300 millones de euros.
LA OPOSICIÓN PIDE UNA REFORMA GLOBAL DE LA FINANCIACIÓN
El rechazo de la oposición provocó la presentación en la Cámara Alta de siete vetos al proyecto: del PSOE, CiU, PSC, ICV, ERC, CC e IU, todos ellos rechazados por el PP. Estas formaciones han reiterado este jueves en el Pleno del Congreso sus críticas a la iniciativa y han reprochado al Gobierno que no haya optado por una reforma global del modelo de financiación no establece la legislación.
Los representantes de la oposición han coincidido en criticar que el PP no haya aceptado ninguna de sus enmiendas durante todo el trámite parlamentario de este proyecto de ley. “Han mostrado su talante autoritario e intransigente”, ha reprochado el diputado del PNV Pedro Azpiazu a los 'populares'.
La diputada del PP María Eugenia Romero ha respondido a estas críticas recordando la situación de deuda y falta de liquidez en que se encontraban las administraciones territoriales al inicio de esta legislatura.
“¿En esta tesitura nos pedían que cambiáramos la financiación?”, ha preguntado explicado que el Gobierno prefirió optar por dotarles de liquidez para que pudieran hacer frente a sus impagos y poder seguir prestando los servicios públicos básicos.
