El Congreso da hoy vía libre a la ley, pero con moratorias para su entrada en vigor

El Pleno del Congreso tiene previsto aprobar definitivamente este jueves la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, una norma cuya tramitación parlamentaria ha durado 14 meses y que, además, no entrará completamente en vigor hasta dentro de dos años.

Una vez que el texto se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la parte relativa al denominado 'buen gobierno' que obliga a los cargos públicos ya estará vigente, pero no ocurrirá lo mismo con los capítulos sobre transparencia y acceso a la información.

El proyecto inicial del Gobierno ya preveía una moratoria de un año desde la publicación de la norma para la entrada en vigor del capítulo sobre Transparencia, un plazo que no se ha modificado durante la tramitación parlamentaria.

Así las cosas, una vez que la ley se apruebe y sea publicada, tanto la Administración General del Estado --Gobierno, los organismos adscritos e instituciones como Congreso, Senado, Banco de España y Casa del Rey-- como las entidades privadas a las que afecta, contarán un periodo de 12 meses de carencia para aplicársela.

Esto implica que a más tardar en diciembre de 2014 deberá ponerse en marcha el denominado Portal de la Transparencia, para el que se han presupuestado 1,4 millones de euros, y constituirse el Consejo de la Transparencia que velará por su cumplimiento.

DESPUÉS DE LAS ELECCIONES LOCALES Y AUTONÓMICAS

Sin embargo, el PP introdujo en el Senado una enmienda que amplió a dos años la moratoria en el caso de las comunidades autónomas y ayuntamientos, con lo que éstos no tendrán que cumplir esta parte de la norma hasta diciembre de 2015, cuando ya se habrán celebrado las elecciones locales y autonómicas previstas para la primavera de ese año. Con este año 'extra' se pretende dar margen a las comunidades que lo deseen para aprobar su propia legislación en esta materia.

En cualquier caso, tanto el referido a la Administración General del Estado como el que afecta a comunidades y entes locales son plazos máximos, con lo que, si alguno de los afectados quiere dar cumplimiento antes a las normas de transparencia podrá hacerlo.

Otro de los cambios que ha sufrido el proyecto a su paso por el Senado, también a propuesta del PP, implica la modificación de la Ley contra el blanqueo y la financiación del terrorismo, de 2010, que afecta a casi todas las actividad que suponen movimientos de capitales y que realizan, por ejemplo, entidades financieras, aseguradores, gestores de fondos de pensiones, profesionales de la intermediación y casinos.

El objetivo de la reforma es reforzar la identificación de clientes y el seguimiento de las operaciones, según el riesgo que tengan de incurrir en los delitos contemplados en la ley. Se trata de ahondar “en los niveles de transparencia exigidos en las relaciones entre los sujetos obligados y sus clientes”, introduciendo la obligación de tomar medidas de “diligencia debida”, en distintos grados según el riesgo que tenga cada operación de colaborar al blanqueo.

PERSONAS CON RESPONSABILIDAD PÚBLICA

Entre los cambios que se exigirán figura la identificación de las personas con responsabilidad pública extranjeras (incluyendo a sus familiares y allegados) con las que mantengan relaciones comerciales, a las que deberán aplicar medidas de “seguimiento reforzado”. Además, se harán cambios para que el Estado tenga más capacidad de maniobra ante “jurisdicciones de riesgo”, es decir, aquéllas en las que no se aplican medidas contra el blanqueo de capitales.

Con todo esto, el Gobierno busca adaptar la normativa española a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), cuyos expertos internacionales revisarán la legislación española en el primer trimestre del año que viene.

Entre otras cosas tendrán que crearse mecanismos para detectar a las 'personas políticamente expuestas' (PEP, en sus siglas en inglés) que puedan incurrir en estos tipos penales. Según los 'populares', si España no asume estas propuestas del GAFI, arrastrará “las consiguientes consecuencias y desprestigio en el ámbito internacional”.

En el Senado se ha introducido, asimismo, una nueva disposición adicional a la Ley de Transparencia para permitir la reutilización de la información de las encuestas realizadas con cargo fondos públicos. Toda esa documentación deberá ser depositada en el banco de datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y el incumplimiento de esta exigencia impedirá lograr nuevas subvenciones en el futuro.

Sin embargo, la propuesta incluye excepciones, como el caso de los datos de encuestas “determinantes o indispensables para la política estratégica interna” de una empresa o entidad. Tampoco estarán obligados a depositar toda esta información la SEPI, el INE y los organismos similares de las comunidades autónomas, así como quienes realizan las estadísticas oficiales anuales estatales y europeas, aunque el INE “impulsará” que se dé publicidad a los microdatos de esas encuestas.

ENTIDADES QUE RECIBAN AL MENOS 5.000 EUROS AL AÑO

Durante la tramitación en la Cámara Alta, el PP también aceptó enmiendas de PSOE, la Entesa, PNV y CiU. Los socialistas introdujeron la posibilidad de que los ciudadanos puedan utilizar las lenguas cooficiales al dirigirse a las administraciones (no será obligatorio sin embargo en la respuesta de las instituciones) y, junto a la Entesa, lograron que el Consejo de la Transparencia remita su informe anual también al Senado, no sólo al Congreso, y que pueda promover borradores con recomendaciones y directrices en esta materia.

En cuanto a la enmienda de CiU, el PP aceptó que las exigencias de dar publicidad activa a la información sea aplicable también a las entidades privadas que reciban dinero público, al menos, 5.000 euros anuales, y no 3.000 euros como se había acordado en el Congreso.

El PNV, por su parte, consiguió modificar el preámbulo de la ley con el objetivo de profundizar en la obligación de los poderes públicos de rendir cuentas a los ciudadanos y someterse al “escrutinio” de la sociedad.