El Congreso debate esta semana las medidas para evitar que etarras sin arrepentirse cobren prestaciones del Estado

En concreto en esta moción la formación liderada por Rosa Díez defiende “impulsar las modificaciones legales pertinentes para que los presos excarcelados que hubieran sido condenados por delitos de terrorismo hayan de cumplir determinados requisitos complementarios para tener acceso a la percepción del subsidio de excarcelación u otras ayudas a cargo del erario público”. “Estas mismas condiciones le serán exigibles para poder acceder a un empleo público”, añade.

La formación magenta solicita también que “se refuerce la vigilancia y la coordinación con otras administraciones para impedir y sancionar la percepción de tales subsidios o ayudas mediante fraude de Ley o incumpliendo los requisitos legales”. “En particular le será exigido la acreditación del abandono y rechazo de la actividad terrorista, la petición expresa de perdón a las víctimas de sus delitos y la colaboración con la justicia”, añade UPyD que propone que esta renuncia de la violencia se haga mediante “una declaración expresa de repudio”.

Este mecanismo ya se utiliza en el ámbito penitenciario para los casos de etarras que quieren disfrutar de beneficios penitenciarios para lo que se les exige la desvinculación de ETA, el perdón a las víctimas y la colaboración de la Justicia tal y como establece el Código Penal desde su reforma en 2003. Los miembros de ETA que se acogieron a la Vía Nanclares tuvieron que acreditar estos requisitos por escrito, lo que les costó su expulsión de la banda y del Colectivo de Presos.

EL GOBIERNO ESTUDIA MEDIDAS

Fernández Díaz aceptó la iniciativa y se dio de plazo estas tres semanas posteriores a la interpelación para trabajar en ello dentro de los límites que marca la ley y solicitando el mayor consenso posible entre las distintas formaciones políticas.

También la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, defendió la propuesta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros donde anunció que hasta tres ministerios; Justicia, Interior y Empleo trabajarían para estudiar los mecanismos necesarios que den viabilidad a estas medidas. No obstante, la vicepresidenta se refirió especialmente a aquellos casos en los que los terroristas no hayan satisfecho su responsabilidad civil con las víctimas.