El Congreso fija la segunda quincena de noviembre para el debate de las enmiendas que cambiarán la 'Ley Mordaza'

El Congreso de los Diputados ha fijado para el próiximo 14 de noviembre la primera reunión de la ponencia encargada de debatir de las enmiendas a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'ley mordaza' por sus detractores.

Así se ha acordado en la reunión de Mesa y Portavoces de la Comisión de Interior tras la constitución de la ponencia, según informaron fuentes parlamentarias.

Los grupos acordaron aprovechar esta sesión constitutiva de la ponencia para llevar los nombres de los comparecientes a los que pretenden citar antes en la Comisión del Interior, en la primera semana de noviembre, aprovechando que no hay Pleno del Congreso, para que les ayuden a redactar esa reforma legislativa.

SINDICATOS POLICIALES Y CATEDRÁTICOS

En concreto, serán 16 (dos por grupo) los expertos en diversos ámbitos que desfilarán por el Congreso. Así, el PP ha propuesto al vicepresidente de la Unión de Oficiales, Javier Montes Robles, y al portavoz del Sindicato Unificado de Policías (SUP), Ramón Cossío.

El PSOE quiere llamar a Luis Arroyo Zapatero, catedrático en Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha, y a una magistrada, mientras que Unidos Podemos ha planteado convocar a José Manuel Paredes Castañón, también catedrático en Derecho Penal de la Universidad de Vigo, y a Lorena Garrido, investigadora del Grupo Antígona de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Ciudadanos, por su parte, debe decidir otros comparecientes distintos a los que llevaba porque alguno ha coincidido con los sugeridos por el PP, según apuntaron fuentes de la formación naranja, que tiene hasta las ocho de la tarde para buscar otros nombres.

'NO SOMOS DELITO' Y AMNISTÍA INTERNACIONAL, A PROPUESTA DE EH BILDU

De su lado, el Grupo Mixto, que estará representado por los diputados de Compromís Enric Bataller y la diputada de EH Bildu Marian Beitilarrangoitia, quiere que acuda a la Comisión de Interior la portavoz de 'No somos delito', Sara López Martos, y el director de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán.

La Comisión del Interior, presidida ahora por el exministro de Justicia Rafael Catalá, decidió impulsar este mes de octubre el debate de la reforma de la 'ley mordaza' después de estar meses encallada en el Congreso y de que IU pidiera hasta en dos ocasiones reactivarla.

Inicialmente sobre la mesa había dos proposiciones de ley para modificar la Ley de Seguridad Ciudadanos que el PP promovió en 2015, en la etapa de Jorge Fernández Díaz: la del PNV, que planteaba una reforma, y otra del PSOE, que abogaba por derogarla directamente.

UNA SEMANA DESPUÉS DEL ACUERDO SÁNCHEZ-IGLESIAS

Los grupos llegaron a presentar enmiendas a ambas iniciativas, pero finalmente decidieron no convocar dos ponencias paralelas, sino una única que trabajará sobre el texto de los nacionalistas vascos, que no deroga la ley del PP, sino que la reforma.

Precisamente los trabajos para la reforma de la 'ley mordaza' se iniciarán justo una semana después de conocerse los criterios que el Gobierno y Unidos Podemos han acordado en su pacto presupuestario para suavizar la Ley de Seguridad Ciudadanos.

En concreto, PSOE y Podemos quieren revertir los artículos de la ley del PP que, a su juicio, tenían por objetivo “desalentar la protesta social” y “limitar los derechos a la libertad de expresión y de reunión”.

LIMITAR LOS REGISTROS DE LOS POLICÍAS

En ese sentido, las partes se comprometen a que la ausencia de comunicación previa deje de ser un obstáculo para las concentraciones, siempre que se desarrollen de forma pacífica, y a que la actuación policial tenga como guía “la dignidad de la persona y los derechos humanos”.

Además, defenderán la conveniencia de que los agentes lleven siempre una identificación “claramente visible”, que el registro corporal sólo se aplique en casos de “indicios concretos y comprobables” y con prohibición expresa del desnudo total o parcial del sujeto, y que en la comisaría sólo se pueda estar retenido un máximo de dos horas.

El acuerdo contempla también ajustar la cuantía de las sanciones económicas y su aplicación al criterio capacidad económica del castigado, revisar “en profundidad” los tipos de infracción con base en la garantía del derecho de manifestación y de la libertad de expresión, e “introducir el paradigma restaurativo en el ámbito de estas infracciones administrativas y en todos los tipos de la leyque lo permitan”.