El Congreso convoca el martes la ponencia para reformar la Ley de Indultos un año después de tomarla en consideración

La Comisión de Justicia del Congreso constituirá ya este martes la ponencia de la reforma de la Ley de Indultos, auspiciada por el PSOE, después de que el PP amenazara con presentar otro texto centrado en el independentismo catalán si no se impulsaba de una vez la iniciativa, que llevaba meses bloqueada.

Esta proposición del PSOE, registrada en agosto de 2016 y aceptada por el Pleno del Congreso en septiembre de 2017, modifica la Ley de Reglas para el ejercicio de la Gracia de Indulto --que data de 1870-- para prohibir que esta medida se conceda a condenados por corrupción y por delitos de violencia de género.

Tras numerosas prórrogas, los grupos presentaron sus enmiendas el pasado mes de febrero, pero desde entonces nada se ha movido hasta que la portavoz parlamentaria del PP, Dolors Montserrat, urgió la semana pasada la convocatoria de la ponencia para impulsar la tramitación.

En concreto, Montserrat dio un ultimátum de 24 horas al PSOE para activar la modificación de la Ley de Indultos y así impedir que esta medida de gracia se pudiera aplicar a condenados por sedición o rebelión. Es más, avisó de que si la proposición de ley seguía paralizada, registrarían en el Congreso otra alternativa y una reforma del Código Penal para recuperar tipos delictivos como la convocatoria de un referéndum ilegal.

ENMIENDA DEL PP

Así, la Mesa de la Comisión de Justicia, presidida por Isabel Rodríguez, decidió en su reunión de la semana pasada, y tras analizar el recurso de Montserrat, fijar para este martes la constitución de la ponencia.

Será una primera reunión a la que seguirán otras y donde se irá decidiendo qué enmiendas se incorporan a la proposición de ley original del PSOE. De entrada, el PP ya ha anunciado su objetivo de excluir de este perdón a los condenados por sedición o rebelión, lo que afecta a los independentistas catalanes que están en prisión preventiva por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

Todo ello a raíz de que la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, se mostrara partidaria de indultar a los líderes soberanistas presos o de que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, apuntara que “no sería lógico alargar la prisión preventiva” si el juicio de los políticos del procès se dilata en el tiempo.