El Congreso pide que los presos no trabajen para empresas con un ERE

La Comisión de Interior del Congreso ha aprobado hoy, con solo una abstención, una proposición no de ley de la Izquierda Plural, en la que se ha incluido una enmienda del PP, para que los presos no trabajen para empresas que hayan presentado y ejecutado expedientes de regulación de empleo.

Con las modificaciones que ha planteado el PP a la iniciativa inicial, la propuesta insta al Gobierno a que adopte las medidas oportunas para que esas empresas no puedan alcanzar un acuerdo con Instituciones Penitenciarias a fin de que no puedan utilizar infraestructura penitenciaria ni a internos para su actividad productiva.

El diputado de la Izquierda Plural Ricardo Sixto, encargado de defender la iniciativa, ha valorado el trabajo de reinserción de Prisiones, pero ha considerado “no justificado” que se esas empresas se aprovechen de las facilidades que otorga la reforma laboral y que, además, quieran seguir produciendo con los presos a “costes menores”.

La exposición de motivos de la proposición recuerda que en los programas de reinserción de presos resultado de convenios con empresas privadas, se obtuvieron en 2012 unos beneficios de 5 millones de euros, con ventas de 162 millones gracias a la actividad de los presos.

Sixto ha denunciado, no obstante, algún caso, como, según algunas informaciones, el de la cárcel de Picassent, donde una empresa multinacional de piezas para autolavados de coches, que ejecutó un ERE que afectó a 27 trabajadores y despidió a 53, utiliza a 14 internos a tres euros la hora de trabajo.

Por el PP, su diputada Ana Belén Vázquez ha defendido esos programas de reinserción, a los que se han acogido más de 12.000 presos, de los cuales 3.090 hacen su trabajo para empresas privadas, pero ha coincidido con Sixto y el resto de los grupos en que no puede permitirse que participen entidades con ERE y se beneficien del trabajo de los reclusos después de haber despedido a gente.

Durante la misma sesión, la comisión ha rechazado una iniciativa de CiU que pedía revisar el registro de partidos y el sistema de inscripción en el mismo para atajar la “incomprensible tolerancia” hacia partidos de ideología fascista, en palabras de su portavoz Feliu Joan Guillaumes, para quien “no es necesario endurecer la ley sino aplicar con rigor los procedimientos actuales”.

También ha sido votada en contra otra proposición no de ley presentada por el PSOE que solicitaba considerar agentes de la autoridad a los 6.000 agentes forestales, según su diputado Antonio Trevín.

El parlamentario, que ha recordado que algunos han muerto en acto de servicio a manos de furtivos, ha pedido que se les dote de medios de defensa “eficaces”, controlados y regulados siempre por la Guardia Civil y que sus vehículos dispongan de rotativos azules homologables al resto de cuerpos policiales.