El Congreso debate este martes si tramita la primera ley para anular los juicios políticos del franquismo

El Pleno del Congreso debate este martes si tramita una propuesta que persigue reformar la Ley de Memoria Histórica con el fin de declarar nulos los juicios políticos del franquismo. Se trata de la primera iniciativa legislativa con este objetivo que se debate en la Cámara Baja y lleva la firma del PDeCAT, pero no será la última porque el PSOE está ultimando su propia reforma para ampliar la ley de 2010, entre otras cosas, para anular esos juicios.

Los independentistas catalanes registraron su iniciativa el pasado 18 de julio, cuando se cumplieron 81 años del alzamiento de 1936 que provocó la Guerra Civil, y unas semanas después de que el Parlamento catalán aprobase por unanimidad una norma para anular los juicios políticos que tuvieron lugar en Cataluña.

El portavoz adjunto del PDeCAT, Jordi Xuclà, que presento entonces la iniciativa, recordó que hace 10 años cuando se tramitaba la Ley de Memoria, algunos grupos intentaron que la norma incluyera ya esa nulidad de los juicios, pero finalmente aceptaron la redacción propuesta por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que se limitaba a declarar la ilegitimidad de aquellos tribunales y sentencias.

NOS TOMARON EL PELO

Entonces, subrayó, contaban con que fueran los particulares o los fiscales quienes instaran a los jueces a declarar la nulidad de esos procesos políticos, pero finalmente eso no ocurrió. “Ahora tengo la sensación de que nos tomaron el pelo”, ha reconocido el diputado catalán.

Desde su punto de vista, ha llegado el momento de admitir que la ley no ha cumplido el objetivo con el fue redactada y de modificar su artículo tres, en el que se habla de la ilegitimidad de los tribunales y las condenas para declarar directamente su nulidad.

La propuesta del PDeCAT se inspira en la fórmula utilizada en algunos países Sudamericanos o en Alemania, donde los juicios del nazismo se anularon por ley en 1998. Además, según argumentó Xuclà, con esta reforma España cumpliría la recomendación del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que en 2014 instó a nuestro país a afrontar este asunto.

En concreto, la iniciativa del PDeCAT plantea modificar el artículo 3 de la ley para que, además de la ilegitimidad, se declare la nulidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos constituidos durante la Guerra Civil para “imponer por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa, condenas o sanciones de carácter personal”, así como la ilegitimidad y nulidad de sus resoluciones.

EL TOP Y EL TRIBUNAL ANTIMASONES Y COMUNISTAS

Asimismo, quieren que, en todo caso, la ley decrete la nulidad del Tribunal de Orden Público (TOP), del de Represión de la Masonería y el Comunismo, los tribunales de Responsabilidades Políticas y Consejos de Guerra constituidos por motivos políticos ideológicos o de creencia religiosa.

Igualmente apuestan por declarar “ilegítimas y nulas” las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia por cualquier tribunal u órgano penal o administrativo constituido durante la dictadura “contra quienes defendieron la legalidad institucional” republicana, “pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución”.

En opinión de Xuclà, los dos grupos mayoritarios deberían ser coherentes con lo que aprobaron en el Parlament y permitir que la nulidad afecte a los juicios de toda España y no sólo a los que se dictaron en Cataluña.

De hecho, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, el PSOE tiene ultimada su propia propuesta para reformar la Ley de Memoria en la que, además de otros asuntos como la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos y la ilegalización de la fundación que lleva su nombre, plantea la anulación de los juicios políticos.