El Congreso inicia la próxima semana la tramitación de la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha

Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, en la reunión que ha mantenido este lunes, la Junta de Portavoces del Congreso ha acordado la inclusión de ese debate en el orden del día de la sesión plenaria de la semana que viene. Se trata de la segunda reforma estatutaria que se tramitará esta legislatura tras la que ha afectado al Estatuto murciano, dedicada a permitir la promulgación de decretos ley.

Tradicionalmente, el Congreso reserva el primer Pleno de cada mes para el debate de toma en consideración de las propuestas procedentes de los Parlamentos autonómicos, dando preferencia a los cambios estatutarios. Sin embargo, en noviembre, la primera sesión de plenaria, que ha arrancado este lunes, se va dedicar a la discusión de las enmiendas parciales a los Presupuestos Generales del Estado para 2014.

SÓLO CON EL APOYO DEL PP

Así las cosas, una vez que la Cámara Baja ya ha remitido al Senado la reforma puntual del Estatuto de la Región de Murcia que permitirá al Gobierno autonómico aprobar decretos-ley, será la próxima semana cuando el Congreso inicie la discusión de la ley castellano-manchega.

Esta reforma fue aprobada por las Cortes de Castilla-La Mancha el pasado 23 de julio, con el voto del PP, y se registró días después en el Congreso, aunque la Mesa de la Cámara Baja no la calificó hasta el 3 de septiembre.

En concreto, prevé un Parlamento autonómico con una horquilla de 25 a 35 diputados, dejando la cifra concreta a un cambio posterior de la Ley Electoral autonómica. Será después, en las Cortes de Castilla-La Mancha y previsiblemente a mediados de 2014, donde se inicien los trámites para modificar la Ley Electoral de la región que se aplicará en los comicios de mayo de 2015.

Y EL VALENCIANO, A LA COLA

Además, el Congreso tiene pendiente tramitar, desde la anterior legislatura, una reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana para reclamar más financiación al Estado basándose en la denominada 'cláusula Camps', que blinda unas inversiones para este territorio en los Presupuestos del Estado de acuerdo con el peso de la población, al igual que los estatutos andaluz y catalán.

El debate de toma en consideración del texto valenciano se ha aplazado hasta en tres ocasiones en el Congreso a petición de las Cortes regionales por distintos motivos, lo que siempre ha conllevado la protesta de PSOE e IU, que avalan la reforma y se quejan de que el PP no la quiere debatir en el Congreso porque tendría que votar en contra.