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Consejería andaluza se reúne hoy con el responsable de la investigación donde trabaja Errejón para controlar el proyecto
Según fuentes del departamento que dirige Elena Cortés, la reunión con Alberto Montero, investigador principal del estudio 'La vivienda en Andalucía. Diagnóstico, análisis y propuestas de políticas públicas para la desmercantilización de la vivienda' es para supervisar, como hace con todos los proyectos en I+D+I y “garantizar su terminación en tiempo y forma”.
Precisamente este lunes, la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, consideró, en declaraciones a los periodistas en Gilena (Sevilla), que la apertura por parte de la Universidad de Málaga de un expediente informativo para comprobar si Iñigo Errejón ha cumplido con sus obligaciones contractuales “es una medida muy acertada”.
La consejera valora la apertura de este expediente informativo, que “responde a la obligación de la Universidad de velar por el cumplimiento de los contratos de sus investigadores”.
Cortés ha recordado que la Consejería contrató en octubre de 2013 a la Universidad para la realización de la investigación, y a su vez la Universidad contrató después a los investigadores para hacer el estudio, entre ellos Iñigo Errejón, en marzo de 2014.
Las fuentes han explicado que la Consejería, que tiene asignados desde el inicio de la investigación un gerente del proyecto y un funcionario director de los trabajos, “ya ha mantenido un total de seis encuentros con Montero desde el inicio de la investigación, en concreto cuatro reuniones de seguimiento entre noviembre de 2013 y septiembre de 2014 y dos jornadas de trabajo a las que también asistieron otros investigadores de proyectos de I+D+i en enero y junio de 2014”.
La Consejería ha recordado que mantiene “un control y supervisión permanentes de todos los proyectos de I+D+i para garantizar su terminación en tiempo y forma”.
Asimismo, han precisado que el trabajo de investigación encomendado en octubre de 2013 a la Universidad por la Consejería de Fomento y Vivienda “debe estar terminado en junio de 2015”, y advierte en ese punto que, de lo contrario, “se le exigirá a la Universidad la devolución de los fondos recibidos”.
