El Consejo de la Abogacía recalca que los 600.000 euros que ha devuelto a Justicia son los pagos a abogados de Gürtel

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha salido en su propia defensa este martes ante el comunicado del Ministerio de Justicia sobre el retraso en el pago de los servicios prestados por los abogados del turno de oficio durante los meses de verano y ha insistido en que es el departamento que dirige Dolores Delgado de incumplir reiteradamente su obligación. Asimismo, ha destacado que ha “mezclado de manera interesada” el abono de estos expedientes, sin tener en cuenta las remuneraciones de los letrados de oficio en el 'caso Gürtel' son superiores.

El Ministerio de Justicia ha emitido este martes un comunicado en el informaba sobre el desbloqueo de los pagos relacionados con los expedientes realizados en los meses de julio, agosto y septiembre por los abogados que prestan servicio en el turno de oficio. Explica que tenía paralizado el abono correspondiente al tercer trimestre del año hasta que el CGAE no reintegrase el importe de 591.297 euros que habían sido pagados de más por el anterior equipo ministerial, dirigido por Rafael Catalá.

Ante esta noticia, el Consejo General de la Abogacía ha manifestado en una nota de prensa su “absoluta y rotunda disconformidad” y apostilla que los casi 600.000 euros que han tenido que devolver no lo han hecho porque hayan cobrado de más, sino que tienen relación con un convenio firmado entre los colegios de abogados del territorio común --es decir, las comunidades autónomas que no tienen competencias transferidas en Justicia--, el Ministerio de Justicia y el Consejo para que los letrados que dedican parte de su tiempo a macroprocesos judiciales cobren algo más de los establecido en los baremos, y que no ha sido renovado con la llegada de Delgado para gestionar la Administración.

DURACIÓN DEL CASO GÜRTEL

En esta ocasión se trata del caso Gürtel, cuyo acuerdo se alcanzó entre el anterior del Gobierno y el Ilustres Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) --de quien dependen los asuntos que se desarrollan en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo-- debido a su “prolongación en el tiempo” y a la “necesidad de ampliar” este acuerdo. Según dice el Consejo General de la Abogacía Española, el antecesor a Delgado, Rafael Catalá, “de manera consciente y voluntaria, autorizó los pagos y libró las cantidades correspondientes por los servicios realizados”.

Sin embargo, Delgado rechazó la renovación del convenio y reclamó estas cantidades al Consejo, en su función de coordinador de las gestiones de pagos en territorio común. Pese a su negativa, el organismo presidido por Victoria Ortega accedió a reintegrar este dinero para no afectar al resto de 20.000 abogados del turno de oficio, destaca en el comunicado y avisa que “ejercerá todas las acciones legales que sean pertinentes en defensa de sus derechos y los de la profesión a la que representa”.

“Es el Ministerio y no el Consejo quien ha incumplido reiteradamente sus obligaciones tanto en lo que se refiere al pago mensual, acordado con el anterior Gobierno, como en hacer frente a los pagos acordados a los abogados de oficio también por el anterior equipo ministerial con el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) por la asistencia a los implicados que tienen concedido el derecho a la asistencia de oficio en relación con el caso Gürtel”, señalan los abogados.

Además, el Consejo cree que Justicia, no sólo “desconoce” el sistema de pago, sino que “mezcla de manera interesada los pagos del sistema general de asistencia jurídica gratuita en territorio común con los pagos amparados en el convenio para sufragar los gastos generados en el proceso Gürtel”.