El Consejo de Transparencia demanda una mejora en la calidad de la información

La presidenta del Consejo de Transparencia, Esther Arizmendi, ha afirmado hoy que en España “realmente” hay transparencia y que todos los órganos del Estado “han querido cumplir con el espíritu” de la ley, aunque ha demandado una mejora en la calidad de la información que se ofrece.

Esta es una de las conclusiones que ha expuesto en el curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, en el que se ha debatido sobre la reforma administrativa y la transparencia de las administraciones, cuando la Ley de Transparencia ha cumplido un año y medio de vigencia.

En un encuentro con periodistas, Arizmendi ha alertado de que existe un “déficit” de calidad en la información que se ofrece a los ciudadanos, que considera que “hay que ir mejorando”.

Este “problema”, según ha añadido, es “más agudo” en los ayuntamientos, donde hay un núcleo que está “un poquito más retraído” en la aplicación y puesta en marcha de la ley.

Arizmendi ha recordado que en España hay más de 8.100 municipios y ha argumentado que, sobre todo los más pequeños, “no tienen medios para poner la transparencia a disposición de sus ciudadanos” y ha pedido ayuda al resto de administraciones para que puedan hacerlo.

“Esperamos que, con el tiempo, las cosas que son mejorables como la calidad de la información, la facilidad, la reutilización y el acceso, que es bastante complicado, se vayan mejorando y que, sobre todo, mejore la participación de los ciudadanos también”, ha confiado.

Sobre esto último, Arizmendi ha alegado que cinco millones de personas han entrado en la página web del portal de transparencia, pero solo 5.000 han hecho preguntas. “Es muy poco”, se ha lamentado.

Según ha explicado, las preguntas habituales tiene que ver con cómo gastan las administraciones el dinero público, aunque se están incorporando otras de “más complejidad o calado” que abordan cuestiones de carácter social, sobre asuntos sanitarios, o fiscal.

La presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha advertido de que en “sentido contrario” va la nueva Ley de Procedimiento Administrativo que entrará en vigor después del verano, que “va a en endurecer” los sistemas de acceso.

Ha explicado que esta norma obligará a usar la firma electrónica para requerir cualquier petición de información o recurso, lo que, a su juicio, representará un “obstáculo” para los ciudadanos. “Los ciudadanos si entran a sus datos, lo tienen que hacer directamente con toda facilidad, sin cerrojos”, ha sentenciado.