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El Consorci del Palau pide 21 años para Millet y deja al margen a CDC

El Consorci del Palau de la Música pide 21 años para Millet y deja al margen a CDC

El Consorci del Palau de la Música pide 21 años para Millet y deja al margen a CDC

El Consorcio del Palau de la Música, acusación particular en la causa por el expolio de la entidad cultural, pide una condena de 21 años de prisión y 3,6 millones de euros de indemnización para el exresponsable de la entidad Fèlix Millet, mientras que deja al margen a los cargos de CDC imputados.

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, el Consorcio -integrado por las administraciones que nutren de fondos públicos al Palau- acusa a Fèlix Millet, a su mano derecha Jordi Montull y la hija de éste, Gemma, de un delito continuado de malversación y otro de falsedad en documento oficial, por lo que les pide penas de 21 años de cárcel a cada uno y multas de 288.000 euros.

El escrito solicita también 14 años de prisión para la ex directora general de la entidad Rosa Garicano y evita formular acusaciones contra los cargos de CDC imputados, pese a que esta formación, según el juez, se embolsó a través del Palau 5,1 millones de euros en comisiones ilegales de la constructora Ferrovial a cambio de la adjudicación de obra pública.

De hecho, la acusación del Consorcio se circunscribe al desvío de las subvenciones públicas que iban destinadas al Palau -lo que supone un delito de malversación- y obvia cualquier alusión a la trama de presunto pago de comisiones ilegales a CDC, por la que están imputados el extesorero Daniel Osàcar y el exdiputado Jaume Camps.

El Consorcio, que integra a la Generalitat, al Ayuntamiento de Barcelona y al Ministerio de Cultura, pide a los saqueadores confesos del Palau una indemnización de 3,6 millones de euros, de los que ya ha recuperado 2,4 millones por las sumas en efectivo que los imputados han consignado en el juzgado y la venta de sus inmuebles embargados.

Además de Millet, Montull y su hija, esta acusación reclama también a Garicano por el dinero desviado del Palau, por lo que plantea que se fije una fianza a la exdirectora de la entidad, que a diferencia del resto de imputados no ha consignado cantidad alguna que garantice su responsabilidad pecuniaria.

Asimismo, el Consorcio considera a las esposas de Millet y Montull partícipes a título lucrativo del expolio y, por ello, solicita que también respondan solidariamente de las cantidades desviadas del Palau que sirvieron para financiar la reforma de sus casas y otros gastos personales.

El Palau de la Música, otra acusación particular de la causa que también exonera a CDC, ha remitido a los medios un resumen del escrito de acusación del Consorcio en un comunicado en el que resalta que el texto fue aprobado el 30 de septiembre pasado con el voto favorable de las tres administraciones que lo componen: Ministerio, Ayuntamiento y Generalitat.

De hecho, las administraciones representadas en el Consorcio acordaron en enero de 2011 que sus respectivos servicios jurídicos valorarían conjuntamente las acciones a emprender en el caso Palau, pese a que la causa la llevaría el gabinete jurídico de la Generalitat para garantizar la "coherencia" de sus actuaciones.

Ese acuerdo obedeció a los cambios de posición de la acusación ejercida por el Consorcio, que cuando gobernaba el tripartito se alineó con la Fiscalía para pedir una investigación sobre las supuestas comisiones a CDC.

Después, ya con CiU en el Gobierno de la Generalitat, defendió lo contrario y finalmente acabó por solicitar una pieza separada para investigar los pagos, pero sin imputaciones.

El escrito de acusación mantiene que Millet y Montull "idearon un plan preconcebido para desviar a su patrimonio o al de otros que constan en esta causa" las partidas presupuestarias que el Consorci destinaba para el mantenimiento del Palau de la Música y, concretamente, del Orfeó Català y sus coros.

De esa forma, añade el escrito del Consorcio, dejaron a la entidad cultural "en situación precaria, ya que gran parte de los fondos públicos no llegaron a su destino".

Para efectuar ese desvío de fondos, el Consorcio cree que Millet y Montull dispusieron, desde 2003, de "la ayuda indispensable y de la cooperación necesaria" de Gemma Montull, y con el "conocimiento y asentimiento" de Rosa Garicano.

El escrito del Consorcio, a diferencia del de la Fundació del Palau de la Música, no presenta cargos contra otros de los imputados en la causa, como el abogado y exsecretario del Palau Raimon Bergós junto a los letrados de su equipo, ni contra Elisabet Barberà, secretaria de Millet.

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