La Corte Suprema tiene en sus manos el futuro del presidente de Guatemala

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala celebrará mañana un pleno extraordinario para analizar y evaluar las solicitudes de levantar el fuero al presidente de Guatemala, Jimmy Morales, lo que podría desatar una nueva crisis institucional en el país.

Morales fue señalado el 26 de agosto por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) por haber recibido y ocultado fondos durante la campaña electoral de 2015, en las que ganó la Presidencia.

Según la investigación inicial, el partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nacion) habría ocultado financiación por 2,3 millones de quetzales (unos 321.217 dólares) y se gastó 4,4 millones de quetzales (603.075 dólares) en pauta publicitaria sin haber explicado el origen de los recursos con los que la organización política realizó los pagos.

Morales fue denunciado por haber sido el secretario general de FCN-Nación en 2015 y ahora los magistrados de la Corte Suprema deberán decidir si tramitan el proceso, que dejaría el futuro de su inmunidad en el Congreso.

Además de la solicitud de levantamiento de la inmunidad presentada por la Fiscalía y la Cicig, la CSJ deberá evaluar y resolver otras dos solicitudes para que se le quite el fuero el mandatario por obstrucción a la justicia y abuso de autoridad presentadas por particulares.

Esto por la decisión de Morales de declarar el pasado domingo non grato al comisionado de la Cicig, el abogado colombiano Iván Velásquez, y ordenar su inmediata expulsión de Guatemala por “injerencia en los asuntos internos” del país.

La decisión del presidente guatemalteco de expulsar a Velásquez generó al menos seis dimisiones en su Gobierno, dos destituciones y una oleada de protestas en las calles, mayoritariamente en contra de su declaración.

La orden presidencial fue rechazada por la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia jurídica del país, por considerarla “ilegal”, por lo que el jurista colombiano permanece al frente del organismo de las Naciones Unidas, que colabora desde 2007 con la desarticulación de la estructuras de poder que funcionan al margen de la ley.

Una de las solicitudes de antejuicio (levantamiento de inmunidad) contra el jefe de Estado fue presentada por los ciudadanos Alejandro Balsells, Eleonora Muralles, Elvyn Díaz y Gabriel Wer, y la otra por la organización Acción Ciudadana (AC).

Si el Supremo da trámite a alguna de estas solicitudes, el expediente deberá ser remitido al Congreso, que deberá elegir, al azar, una comisión de diputados para que desarrolle la investigación y recomiende al pleno del Legislativo si se debe quitar o no la inmunidad al presidente.

El Parlamento, que tiene 158 diputados, necesitará de 105 votos para quitarle el fuero al mandatario guatemalteco, cuyo lema durante la campaña fue “ni corrupto ni ladrón”.

Las solicitudes contra el mandatario se conocen mientras su hijo José Manuel y su hermano Samuel Morales se enfrentan a un juicio por un caso de fraude en el Registro de la Propiedad.

Los familiares del jefe de Estado están desde el 30 de agosto en el banquillo de los acusados.

El proceso que permitirá investigar a Morales sucede dos años después de que la CSJ diera trámite a un antejuicio contra el entonces presidente, Otto Pérez Molina (2012-2015), quien fue desaforado por el Congreso, tras lo cual renunció para someterse a la justicia.

Pérez Molina fue detenido y acusado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) y la Cicig, encabezada por Iván Velásquez, por supuestamente ser uno de los cabecillas de la estructura criminal autodenominada “La Línea”, dedicada a defraudar a las aduanas de Guatemala.

En agosto de ese mismo año había sido detenida ya Roxana Baldetti, quien en mayo de 2015 renunció a la vicepresidencia de la administración Pérez Molina tras las denuncias de corrupción que la vinculaban como la número 2 de “La Línea”.

El destape del caso “La Línea” movilizó a casi todo un pueblo a las plazas para exigir la renuncia, encarcelamiento y procesamiento de la pareja presidencial.