Corte mexicana anula inhabilitación a Odebrecht, que demanda solución alterna

Un tribunal federal mexicano anuló hoy una inhabilitación por cuatro años para recibir contratos públicos impuesta a la empresa Odebrecht, la cual a su vez ha solicitado a la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) una “solución alterna e integral” que le permita realizar pagos voluntarios.

El Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa invalidó la inhabilitación impuesta por la Secretaría de la Función Pública (SFP), argumentando que la Unidad de Responsabilidades en Pemex Transformación Industrial se negó a expedir copias certificadas del procedimiento a los abogados de Odebrecht.

El tribunal consideró que no haber entregado los documentos violó el derecho de defensa adecuada de la constructora, por lo que dejó sin efectos las decisiones tomadas a partir del 5 de septiembre de 2017, que tendrá que ser repuesto para que Odecrecht pueda defenderse.

Una vez que se realice este trámite, la Unidad de Responsabilidades, que depende de la SFP, resolverá si se impone a la empresa la misma sanción, si la modifica o si se cancela.

La inhabilitación por cuatro años para Odebrecht había sido impuesta por ocasionar daños a la empresa estatal Pemex por valor de más de 5,89 millones de dólares en las obras de acondicionamiento de tierras en la refinería de Tula.

Además de la sanción invalidada, sobre Odebrecht pesan dos sanciones adicionales de la SFP, que contemplan inhabilitaciones y multas por importe de 26,95 millones de dólares, que siguen en litigio.

Con respecto al fallo judicial, que ordena reponer el procedimiento en una de las cuatro inhabilitaciones impuestas a la empresa, la SFP emitió un comunicado en el que reafirmó su “respeto a las determinaciones de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, por lo que dicha sentencia será atendida en todos sus términos”.

Indicó que la resolución tiene que ver con una cuestión de forma y no prejuzga sobre el fondo del asunto, y no compromete ninguna de las otras siete sanciones impuestas sobre este tema.

A su vez, la filial mexicana de la constructora brasileña ha solicitado a la PGR un acuerdo que le permita realizar pagos espontáneos y voluntarios o reparaciones económicas por los posibles daños de forma proporcional, en vista de su disposición a colaborar con las autoridades.

En un escrito remitido a la dependencia federal y recibido por ésta el 3 de noviembre pasado -al que tuvo acceso Efe-, Joao Henrique Andrade, apoderado legal de la filial mexicana de Odebrecht, demanda “una solución alterna e integral a la situación jurídica actualmente guardada”.

La empresa fundamenta su requerimiento en que ha “quedado demostrada la disposición y voluntad de colaborar para el esclarecimiento de los hechos” en que se ha visto involucrada en diversos países.

“Odebrecht S.A. y sus compañías controladas asumieron el compromiso con las autoridades de diversos países donde tienen operaciones y actividades comerciales, de modificar y mejorar sus prácticas corporativas y fortalecer su Sistema de Integridad”, dice el escrito.

Igualmente, señala, se ha comprometido a “actuar en estricto apego a las mejores prácticas internacionales en materia de integridad corporativa, transparencia ética y gobernanza”.

“Asimismo, ha quedado demostrado la disponibilidad y voluntad de Odebrecht México de cumplir con un debido proceso de colaboración en el ámbito de un posible acuerdo de conformidad con la legislación aplicable en México, que respete también los convenios y tratados a nivel internacional vigentes, en el marco del acuerdo de 'leniencia' suscrito por Odebrecht S.A. en Brasil”, sostiene.

De acuerdo con la firma, tal acuerdo permitiría “proceder de común acuerdo entre las partes a fin de realizar pagos espontáneos y voluntarios o reparaciones económicas por los posibles daños de forma proporcional y considerando fundamentalmente la actual capacidad de pago de Odebrecht México”.

Un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que Pemex realizó pagos irregulares por unos 46 millones de dólares a Odebrecht al generar sobrecostes sin justificar correctamente las obras de una refinería.