Las Cortes de CyL convalidan un decreto-ley para ayudar a “los que peor lo están pasando”

Las Cortes de Castilla y León han convalidado hoy un Decreto-Ley de medidas de apoyo a las personas afectadas por la crisis en riesgo de exclusión social y que la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, ha definido como de “ayuda a los que peor lo están pasando”.

El Decreto-Ley de medidas extraordinarias de apoyo a las personas y familias afectadas por la crisis en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social ha sido aprobado por unanimidad de los tres grupos parlamentarios, después de que haya sido consensuado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades con asociaciones y entidades de apoyo a estas personas, el llamado “tercer sector”, con las organizaciones no gubernamentales y con los agentes sociales, como lo sindicatos y los empresarios.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha explicado que estas medidas se mantendrán, al menos, hasta que el Producto Interior Bruto (PIB) no crezca por encima del 2 por ciento.

Milagros Marcos ha resaltado que se articula de “manera pionera en España” una red de protección a las familias afectadas por la crisis que permitirá ayudar a unos 100.000 beneficiarios y 40.000 hogares bajo “la responsabilidad y coordinación pública” y con una dotación de 145 millones de euros.

En esta red, que ya cuenta con el rango de Ley, se integrarán veintitrés planes de actuación, a los que se destinarán un millón de euros a mayores dentro de los programas de inclusión social.

La consejera ha explicado que con estos planes se trata de “dar a cada uno la respuesta que pueda necesitar”, para lo que se ha integrado la llamada Red Centinela de lucha contra la desnutrición infantil y el servicio de apoyo a las personas amenazadas por desahucio de sus viviendas con sus presupuestos específicos.

Al respecto, la consejera ha asegurado que habrá ayudas tanto para las personas en riesgo de desahucio, tanto para los que son propietarios y no pueden pagar la hipoteca como para los que se encuentren en un régimen de alquiler y no pueda hacer frente al mismo.

Otra de las novedades del Decreto-Ley consiste en que los planes regionales de empleo contarán con medidas específicas para las personas en riesgo de exclusión, en especial para los perceptores de la renta garantizada de ciudadanía.

Las víctimas de violencia de género también podrán acceder a medidas de ayuda y tendrán “un trato preferente” en el acceso a un empleo, a la formación o a la percepción de la renta garantizada de ciudadanía.

El parlamentario del PSOE Francisco Ramos, aunque ha advertido que las medidas del Decreto-Ley no “es gran cosa”, ha justificado el apoyo socialista en la necesidad de dar una respuesta “rápida” a la situación de las personas desfavorecidas en un momento de crisis como el actual.

Sin embargo, Francisco Ramos, quien ha insistido en que “se trata de un paso pequeño”, ha puesto en duda que suponga un incremento de lo presupuestado en los distintos partidas dispuestas ya por la Junta de Castilla para distintos programas sociales.

Sobre la vigencia de las ayudas, el parlamentario sociales ha reconocido que es “razonable” que se mantengan hasta que el crecimiento económico alcance un nivel, en esta caso el 2 por ciento del PIB.

El procurador de IU, José María González, ha destacado la “urgencia” de las medidas ante la situación que atraviesan muchas personas en Castilla y León aunque también ha puesto de manifiesto que los recursos podrían ser insuficientes.

Además ha discrepado sobre que la vigencia se haya fijado mientras que el PIB no crezca por encima del 2 por ciento y se ha mostrado partidario de que para decidir su duración se introduzca la variante del nivel de desempleo.