Cristina Fernández acudirá a los tribunales para notificarse del procesamiento

La ex presidenta argentina Cristina Fernández acudirá este miércoles a los tribunales, donde será notificada de la decisión de un juez de procesarle y dictarle un embargo en el marco de una causa por presuntas operaciones irregulares en el Banco Central durante el último tramo de su Gobierno.

Fernández acudirá al mediodía a las dependencias en Buenos Aires del juzgado que dirige el magistrado Claudio Bonadio, que investiga millonarios contratos de futuros de dólar celebrados por el Banco Central.

Previo a su paso por los tribunales, Fernández, que regresó a la capital argentina el pasado sábado tras pasar dos meses en el sur del país, se reunió hoy con dirigentes del kirchnerismo en la sede del Instituto Patria.

Fernández, de 63 años y quien dejó la Presidencia en diciembre pasado tras ocho años en el poder, fue citada por Bonadio para notificarle del procesamiento y el embargo ordenados en mayo pasado.

Quien gobernó a Argentina entre 2007 y 2015 ya había tenido que acudir en abril pasado al juzgado de Bonadio para prestar declaración indagatoria, aunque en esa ocasión finalmente presentó una declaración por escrito.

Ante la nueva citación, Fernández dijo el jueves pasado que el juez, a quien ha intentado recusar sin suerte, le “impuso de manera arbitraria e ilegítima la obligación de tener que concurrir nuevamente a su juzgado para cumplir un trámite procesal totalmente insustancial”.

La exmandataria dijo que ya conoce el contenido de la resolución judicial y que, incluso, la ha apelado “hace más de un mes”.

Bonadío, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 11, decidió abrir este proceso penal contra Fernández por el presunto delito de “administración infiel en perjuicio de la administración pública”.

El magistrado también procesó en el marco de esta causa al que fuera el último ministro de Economía durante el kirchnerismo, Axel Kicillof, al extitular del Banco Central Alejandro Vanoli y a otros doce imputados y ordenó un embargo de sus bienes por 15 millones de pesos (casi un millón de dólares) cada uno.

La causa se inició en noviembre de 2015, cuando Fernández era aún presidenta, por la denuncia formulada por los entonces legisladores opositores Mario Negri, de la Unión Cívica Radical, que integra el hoy gobernante bloque Cambiemos, y Federico Pinedo, actual presidente provisional del Senado.

Según los denunciantes, a través de la celebración de contratos de futuros de dólar, el Banco Central vendió dólares a un precio que rondaba los 10,65 pesos por unidad, por debajo del precio establecido en la Bolsa de Nueva York para este tipo de contratos (por entonces, alrededor de 14 pesos por unidad).

De acuerdo a la denuncia, de la diferencia entre el precio pactado y el del mercado, se desprende que por los contratos cerrados el Banco Central registró millonarias pérdidas.

En abril, Fernández presentó un escrito ante la Justicia en el que alegó que las operaciones investigadas “fueron llevadas a cabo legítimamente por las autoridades del Banco Central” de acuerdo a “la normativa vigente”.

En noviembre de 2015, cuando surgió el caso, la entonces conducción del Banco Central también había asegurado en un comunicado que su intervención en el mercado de futuros se realizaba “en los términos establecidos por la normativa vigente y de acuerdo con las disposiciones de la Carta Orgánica de la institución”.

“Se trata de una operatoria normal y habitual que utilizan los Bancos Centrales con un objetivo de regulación y para brindar previsibilidad en el mercado cambiario”, había alegado por entonces la autoridad monetaria.

En una línea similar, Kicillof, quien también dejó un escrito ante el juez cuando en abril fue citado a declarar, ha sostenido que es legal que el Banco Central opere en el mercado sin la obligación de “ganar” dinero pues su objetivo es “hacer política monetaria, no maximizar sus ganancias o evitar las pérdidas”.