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Críticas a Nauru por su intento de criminalizar las protestas políticas
Organizaciones de defensa de los derechos humanos condenaron al gobierno de Nauru por sus intentos de criminalizar las protestas políticas y las medidas para restringir el acceso a internet, informaron hoy medios locales.
Nauru, que acoge un centro australiano de detención de inmigrantes, aprobó este mes castigar con hasta siete años de cárcel los comentarios que causen estrés emocional o amenacen el orden público, y bloqueó el acceso a Facebook y otros portales con el pretexto de prevenir la pornografía.
“Al censurar los contenidos y obstruir el libre flujo de información, el Gobierno privará a sus ciudadanos de los beneficios que ofrece internet”, denunció un carta suscrita por Human Right Watch, el Consejo de Refugiados Australia, y Pen International.
El comunicado señaló que para los solicitantes de asilo internet es una herramienta vital para comunicarse con sus familias, abordar su reubicación y para proveerse pruebas para recibir el estatus de refugiados.
“La restricción al acceso a internet puede prevenir que los solicitantes de asilo detenidos se comuniquen con sus defensores y representantes legales que intentan ayudarlos”, añadió.
La carta fue emitida después de que el enviado especial de la ONU para el derecho a la libertad de opinión, David Kaye, denunciara que los cambios en el código penal “restringen exageradamente” la libertad de expresión y pueden ser utilizadas para “amordazar las opiniones discordantes”.
El Gobierno de Nauru rechazó las “críticas infundadas” sobre sus asuntos domésticos y argumentó que fue elegido por su “plataforma de reformas”, indicó la edición australiana del diario The Guardian.
Nauru, que junto a Papúa Nueva Guinea y Camboya coopera con Australia en la detención o acogida de sus solicitantes de asilos o refugiados, ha sido blanco de críticas por el trato dado a los reclusos, incluidos supuestos abusos sexuales.
En 2014, Nauru negó el acceso al centro de detención de inmigrantes a un grupo de inspectores de la ONU que investigan casos de detenciones arbitrarias y a principios de ese año elevó la tarifa de visados para periodistas de 200 (179 euros) a 8.000 dólares (7.185 euros).
