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Cs, PSC y PP exigen al Govern saber si sancionará a funcionarios que incumplan leyes de ruptura con España

EUROPA PRESS

BARCELONA —

Cs, PSC y PP han exigido este martes al Govern que aclare si prevén sancionar a los funcionarios que incumplan la Ley de transitoriedad jurídica una vez se apruebe en el Parlament, tal y como ha afirmado el diputado de JxSí Lluís Llach en diversas conferencias realizadas durante los últimos tres meses.

“Parece que Llach ha vuelto a los escenarios. Se ha marcado un nuevo Santi Vidal. Entre tanta mentira se le ha escapado a Llach una verdad”, ha destacado en rueda de prensa en la cámara el portavoz de Cs en el Parlament Carlos Carrizosa.

Por ello, ha instado al Govern a aclarar públicamente si son ciertas las declaraciones del diputado de JxSí, y en consecuencia a desautorizarlo si es necesario.

La portavoz del PSC en el Parlament, Eva Granados, ha acusado al Govern y JxSí de “amenazar a los funcionarios si no cumplen una ley que aún no se conoce”, y ha emplazado a Llach a ayudar a este colectivo a recuperar sus derechos laborales que, a su juicio, han sido recortados por el Govern.

“La revuelta de las sonrisas está cambiando de gesto”, ha sostenido Granados, que cree que los miembros de JxSí y del Govern deberían tener cuidado en sus afirmaciones.

PP AL GOVERN: “DELICAN USTEDES”

Desde el PP, la portavoz adjunta, Esperanza Garcia, ha lamentado las declaraciones de Llach, ha asegurado que harán lo posible para proteger a los funcionarios y ha exigido al Govern que deje que trabajen con paz y tranquilidad: “Delincan ustedes si son valientes, pero no fuercen a los funcionarios”.

En su opinión, es cínico que el independentismo político dé “lecciones de calidad democrática saltándose las leyes y luego exija a los catalanes, en especial a los funcionarios, que son los más vulnerables, que cumplan con las leyes que quieran que se cumplan”.

RESPONSABILIDAD POLÍTICA

Sin embargo, para el portavoz de JxSí en el Parlament, Roger Torrent, las palabras de Llach son una obviedad porque evidencian que “las leyes generan unos derechos y deberes que se deben cumplir”, aunque ha quitado responsabilidad a los funcionarios y ha asegurado que la responsabilidad política es de los independentistas.

Tras negar que puedan haber dos legalidades antes del referéndum, ha dejado claro que los funcionarios “tendrán que aplicar una única legalidad”, la que establezca el marco legal que se construya una vez gane el 'sí'.

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