Cuixart pide la nulidad de la sentencia “desproporcionada” del Supremo por el 1-O

La defensa del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha pedido la nulidad de la sentencia del Tribunal Supremo que le condena a 9 años de prisión tras el juicio por el 1-O como paso previo a un recurso de amparo al Tribunal Constitucional (TC).

En un comunicado, explican que el abogado de Cuixart, Benet Salellas, pide en el escrito dejar sin efecto la sentencia “desproporcionada” y considera que durante el juicio se vulneraron derechos como el de la presunción de inocencia y el derecho a reunión y expresión.

“Seguiremos denunciando que la sala segunda del Supremo está marcada ideológicamente, con un sesgo político claro sobre el derecho a la autodeterminación”, ha lamentado Cuixart, encarcelado desde la cárcel de Lledoners.

En el escrito, Salellas cree que se vulneró la libertad ideológica de Cuixart porque el Supremo “cuestionó abiertamente durante todo el juicio” sus ideas al valorar hechos como intervenciones del presidente de Òmnium en actos públicos y el envío de tweets como elementos de incriminación de un delito de sedición.

SOBRE MARCHENA

También entiende que el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, tenía una posición ideológica concreta y previa sobre la cuestión de la soberanía de Catalunya, un “prejuicio político a la hora de dictar sentencia que resulta determinante”.

Además, consideran que no hay ninguna prueba que justifique la condena por sedición y que la sentencia no aporta elementos que acrediten que se impidieron diligencias judiciales el 20 de septiembre de 2017 en la Conselleria de Economía, que la policía tuvo que utilizar la fuerza el 1-O, y que el objetivo de las movilizaciones era demostrar a los jueces que en Catalunya habían perdido su capacidad jurisdiccional.

Para Salellas, hay una falta de pruebas que evidencia que se vulneró la presunción de inocencia de Cuixart y del resto de acusados, por lo que las conclusiones del TS “sólo pueden proceder de su propio prejuicio o de las investigaciones y conclusiones de la Guardia Civil”.