CyL limita el acceso a la RGC a los condenados contra la vida o libertad sexual que no hayan pagado la indemnización

La Junta de Castilla y León limitará el acceso a la Renta Garantizada de Ciudadanía a los condenados contra la vida o la libertad sexual que no hayan satisfecho la responsabilidad civil o indemnización económica recogida en la sentencia condenatoria.

“Es un hecho diferencial, queríamos dar este paso”, ha explicado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, quien ha precisado que se ha establecido esta limitación de acceso a la prestación ante casos como la reciente excarcelación de Pedro Luis Gallego, el conocido como 'violador del ascensor'.

Marcos ha reconocido que aunque algunos expresidiarios hayan cumplido su pena en la cárcel para el acceso a la Renta Garantizada de Ciudadanía tendrán que haber satisfecho el contenido íntegro de la pena, como el pago de la indemnización a las víctimas. “Vamos a exigir sin ninguna duda todo el contenido de la sentencia”, ha reiterado la consejera que ha recordado que otro de los requisitos para el acceso a la prestación es el de un mínimo de un año de residencia en Castilla y León.

Por otro lado, la consejera de Familia ha calculado que 2013 termine con 18.000 perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía y que se alcancen 28.000 en 2014 ante la flexibilización de criterios como consecuencia de “medidas excepcionales” que se incorporan a la norma básica que regula esta prestación.

“Son previsiones porque trabajamos para que sea el menor posible”, ha precisado Milagros Marcos, quien ha recordado a este respecto el compromiso de la Junta de Castilla y León de favorecer a las personas sin recursos y sin prestaciones en los futuros planes de empleo de modo que al encontrar un trabajo puedan abandonar la situación de subsidiariedad, “una de las cosas más importantes” del Decreto Ley que crea la Red de Protección a las familias afectadas por la crisis aprobado este jueves en el Consejo de Gobierno.

Este Decreto-Ley recoge medidas dirigidas a que las personas y familias de la Comunidad más vulnerables puedan mantener su vivienda, tengan garantizada la provisión de alimentos y puedan acceder a la Renta Garantizada de Ciudadanía y se complementa con la creación de un fondo de solidaridad.

Entre esas medidas especiales para personas más vulnerables vinculadas a la Renta Garantizada de Ciudadanía destaca un “trato preferente” a los menores y a las víctimas de violencia de género con una especial garantía de atención a los menores.

Así, para evitar que se dejen de abonar las pensiones compensatorias o de alimentos de hijos a cargo del otro cónyuge no se descontarán de la cuantía que le correspondiera de la Renta los fondos que tienen que ir destinados a hacer frente a ese pago.

Del mismo modo y con la idea de aumentar la autonomía de las mujeres víctimas de violencia de género, se agiliza el procedimiento para que puedan percibir la Renta Garantizada y se le considera como una persona independiente “incluso antes de haber concluido los trámites de separación”.

Marcos ha informado también de que se excluirán del cómputo patrimonial, durante el primer año de percepción de la prestación, las viviendas de las víctimas de violencia de género cuando hayan tenido que abandonar su domicilio y residan en otro inmueble que no sea de su propiedad.

“Además, podrán solicitar la Renta aquellas víctimas de violencia de género que, habiendo vivido de forma independiente, regresen temporalmente al domicilio de su familia de origen”, ha detallado la consejera quien ha apostado por la agilidad ante situaciones especiales, como el de familias que se encuentren en riesgo de impago de la hipoteca con el objetivo último de actuar de forma previa a que se inicie el procedimiento.

EXCEPCIONES EN EL CÓMPUTO DEL PATRIMONIO

Entre las reglas de acceso a la RGC el texto del Decreto-ley incluye unas excepciones en el cómputo del patrimonio y de los ingresos de los solicitantes de la prestación. Así, se excluye del cómputo los bienes de imposible venta y que, por lo tanto, no puedan convertirse en dinero para hacer frente a las necesidades básicas. “En este caso se encontrarían determinados bienes inmuebles, terrenos rústicos, algunos vehículos o productos financieros, como las preferentes, que sean de difícil o imposible realización por causas ajenas a sus titulares”, ha enumerado.

Entre las medidas de apoyo al empleo destaca que la inscripción como demandante de empleo no será exigible para aquellos miembros de la unidad familiar o de convivencia que estén cursando una actividad formativa reglada o que sean cuidadores de familiares de personas dependientes beneficiarias de la prestación económica por cuidados en el entorno familiar.

Se pretende, además, incentivar la actividad laboral y que ser perceptor de la Renta Garantizada no sea nunca un obstáculo para buscar un empleo. “Por ello, quedarán excluidas a la hora de computar el patrimonio aquellos ingresos procedentes de actividades laborales, desarrolladas dentro de un plazo de seis meses, cuyas retribuciones totales sean inferiores a 426 euros en ese periodo”, ha explicado Marcos.