El camino de Daniel Ortega para lograr más poder en alianza con los militares

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, obtendrá con la reforma de la Constitución más poder, podrá reelegirse de forma indefinida y ganar las elecciones en primera vuelta con la mayoría simple de votos, además de dictar decretos ejecutivos con fuerza de ley.

La reforma, cuya aprobación parece imparable, también otorgará mayores facultades al Ejército, que controlará el espectro radioeléctrico y de telecomunicaciones, y sus oficiales generales podrán ocupar cargos públicos sin renunciar a su vida militar.

Además, la propuesta de reforma parcial a la Carga Magna plantea una novedad: la implementación de un modelo “corporativo” en el que se establece la participación fundamental de cámaras, federaciones y confederaciones de empresarios como parte de “los mecanismos de democracia directa”.

Para distintos analistas nicaragüenses, la propuesta que cambia 39 artículos y deroga otros ocho de la Carta Magna apuntala abiertamente la militarización del Estado, la concentración de poder en unos pocos, el control social mediante organismos partidarios y la perpetuación en el ejercicio del poder.

Las reformas también legalizarán el modelo vertical o de democracia directa que viene implementado el gobierno sandinista al margen de la Constitución, y retornar a los poderes que tenía Ortega con la Carta Magna de 1987, en el primer régimen sandinista, aunque con mayores facultades y algunas novedades conceptuales.

Ortega, que fue reelegido en las elecciones de 2011 para un tercer mandato y segundo consecutivo con un 62,45% de los votos tras una cuestionada candidatura y una jornada electoral plagada de denuncias de irregularidades, mantiene un alto nivel de aceptación, según las encuestas.

La propuesta elimina el artículo que prohíbe la reelección continua del presidente y limita a dos su número de mandatos, aunque, según el jefe del grupo parlamentario sandinista, Edwin Castro, esa traba ya no existe bajo el argumento que ya fue objeto de sentencia judicial.

En un fallo de última instancia, los magistrados sandinistas de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua declararon legal una sentencia que habilitó a Ortega a aspirar a su reelección en los comicios generales de 2011.

Los sandinistas han explicado que ese artículo constitucional “no es aplicable” y, por mandato de la Corte, lo estarían eliminando formalmente en la enmienda.

La reforma sí establece que el presidente sea electo con la mayoría simple de votos, en una sola vuelta, a diferencia de ahora, que puede ser escogido con al menos el 40% de los votos o si obtiene el 35% y supera en al menos 5 puntos porcentuales al candidato en segundo lugar. De lo contrario, se va a una segunda vuelta entre ambos.

Ortega, de 68 años, un exguerrillero marxista y que lleva casi la mitad de su vida como líder indiscutible del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido del que ha sido su único candidato presidencial en los comicios de 1984, 1990, 1996, 2001, 2006 y 2011, podrá aspirar a su séptima candidatura presidencial y a su cuarto mandato en los comicios de 2016.

La enmienda también deja en manos de los militares “el espectro radioeléctrico y satelital que incida en las comunicaciones nicaragüenses” y establece que “las bases de datos y registros informáticos deberán permanecer en el país”, por razones de seguridad nacional.

Asimismo, como novedad, se agregan a la Constitución los nuevos límites de Nicaragua en el Caribe con Colombia y Honduras fijados por la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Además, incluye un acuerdo marco para la construcción del Gran Canal Interoceánico por la empresa china HKND Group, que contempla la concesión y explotación del proyecto durante 50 años, prorrogables por otros 50.

Para muchos, la propuesta tiene sus luces y sombras, y para los más escépticos, como el escritor y exvicepresidente nicaragüense Sergio Ramírez, la enmienda deja a Nicaragua ante un escenario de “indefensión”.

El desafío para los sandinistas, que gobiernan con mayoría absoluta en el Congreso, será administrar ese poder en un país que sigue siendo el segundo más empobrecido del continente americano y uno de los más vulnerables a catástrofes naturales.

Nicaragua, con uno de los mejores índices de seguridad en América Latina, está expuesto a huracanes, erupciones volcánicas, deslizamientos de tierras y terremotos.

Además, es un país que ha sufrido constantes guerras civiles, intervenciones militares extranjeras, principalmente de Estados Unidos, y dictaduras.