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Según los datos del Defensor del Pueblo en España hay 13.500 viviendas de protección oficial vacías

La Defensora del Pueblo pide que las casas vacías puedan ser ocupadas por familias desahuciadas

“Muchas de las personas que necesitan una vivienda con urgencia podrían beneficiarse de las miles de viviendas públicas que actualmente se encuentran vacías y disponibles”. La frase es de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que este martes comparecía en el Congreso para presentar el informe anual de la institución correspondiente a 2012.  

La cifras que ha dado Becerril en la Comisión Mixta Congreso-Senado dejan patente que las Comunidades Autónoma y los Ayuntamientos podrían jugar un importante papel para paliar la angustiosa situación en la que se quedan miles de familias que son desahuciadas de sus pisos por no poder pagar las hipotecas o que simplemente se encuentran en situación de precariedad económica. Se estima que existen 332.529 demandantes de vivienda en el país.

Según sus datos, en total, las Comunidades Autónomas gestionan más de 250.000 viviendas de protección oficial o que cuentan con ayudas públicas. De esa cifra, 13.500 están disponibles aunque tan solo unas 10.000 podrían en estos momentos ser ocupadas por personas necesitadas.

También los Ayuntamientos pueden aportar su granito de arena al problema de los desahucios. El informe delata que los municipios de más de  350.000 habitantes gestionan 24.055 viviendas protegidas, de las cuales estarían vacías y disponibles por lo menos 427.

Becerril  no ha ocultado que para lograr realizar este informe – que aún no está finalizado- no ha contado con mucha colaboración de las diferentes administraciones por lo que ha propuesto que todas las comunidades creen registros específicos para cuantificar los inmuebles disponibles o, allí donde ya existan,  que se mejore el sistema y se actualicen los datos para ver cuantas pueden ofertarse para alquileres baratos. Cree también necesario  una mayor colaboración y coordinación entre las administraciones implicadas, exige  implantar una inspección más eficiente,  y favorecer el alquiler de las viviendas públicas frente a la venta.

Para la institución, “resulta ineficiente y poco aceptable que haya viviendas públicas vacías cuando hay decenas de miles de personas que padecen la falta de una vivienda adecuada”.

Lo cierto es que llueve sobre mojado porque justamente hace un año, en su anterior comparecencia para presentar el informe de gestión de 2011 – en aquella ocasión ante el pleno del Congreso-,  Becerril ya pidió que las viviendas vacías fueran destinadas para las familias “sin techo”. También pidió  que se regulara  el procedimiento de insolvencia personal y se establecieran limites a “los desmedidos intereses de demora de los bancos”, que pueden llegar al 40% si se acumulan impagos en unos pocos meses. La Defensora se mostró a favor de la dación en pago “en determinadas circunstancias”. Desde entonces ha habido pequeños avances gracias fundamentalmente a la presión social y a las organizaciones antidesahucios, pero claramente insuficientes si nos atenemos a la magnitud del problema.

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