El Defensor del Pueblo pide extremar la vigilancia de los menores aislados

El Defensor del Pueblo ha pedido extremar la vigilancia en caso de tener que recurrir conjuntamente al aislamiento provisional y a la sujeción mecánica como medios de contención ante una situación de violencia o agresividad en los centros de internamiento de menores.

En este sentido, ha formulado una sugerencia a la Comunidad de Madrid para que establezca protocolos de utilización simultánea de medidas de contención física, sujeción mecánica y aislamiento provisional.

Estas son algunas de las conclusiones incluidas en el Informe de 2012 del Mecanismo de Prevención de la Tortura (MPT), un organismo establecido a petición de la ONU y cuyas responsabilidades asumió la oficina del Defensor del Pueblo en 2009.

La responsable de la institución, Soledad Becerril, ha presentado hoy ante la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo los informes correspondientes a 2010, 2011 y 2012 y ha dado cuenta de la actividad desarrollada en estos tres años, en los que ha realizado 363 visitas a lugares de privación de libertad.

En los centros de menores ha detectado deficiencias en los sistemas de videovigilancia en cuanto a la cobertura de las cámaras, grabaciones, conservación y acceso, así como los lugares para su visualización.

Además, pide recursos que faciliten la labor de reinserción una vez que los menores abandonan los centros y cumplen 18 años, así como unidades específicas para menores infractores con discapacidad intelectual leve-moderada.

El Defensor del Pueblo considera que debe existir una presencia constante de agentes en los calabozos cuando hay detenidos y, además, solicita que se informe por escrito a los detenidos de la posibilidad de interponer un procedimiento de «hábeas corpus».

El informe recuerda que sigue sin publicarse un reglamento específico para regular el régimen de internamiento de ciudadanos extranjeros y denuncia la convivencia de inmigrantes que están a la espera de ser expulsados del país con otros procedentes de prisión.

La ausencia de asistencia de servicios sociales y falta de notificación del momento en que van a ser expulsados son otras de las deficiencias que detecta el informe en los centros de internamiento de extranjeros.

En las visitas realizadas a centros penitenciarios, la Institución ha observado que se está implementando progresivamente el Programa marco para la atención integral de los enfermos mentales, así como un estado correcto de las instalaciones.

Entre las recomendaciones destacan mejorar las medidas para evitar suicidios y aplicar sólo las limitaciones de régimen (aislamiento) para garantizar la seguridad del interno.

En referencia al personal penitenciario, destaca la necesidad de ampliar su formación en los distintos ámbitos que pueden afectar a su trabajo, con carácter general en las garantías de protección de los derechos humanos.

El informe recuerda la necesidad de regular por ley orgánica el internamiento no voluntario de personas con enfermedad mental y de las personas mayores en centros residenciales.

Considera conveniente también la creación de una Fiscalía especializada en protección de las personas con discapacidad.

Por otro lado, el Defensor del Pueblo pide que no se concedan indultos a agentes de la autoridad que hayan sido condenados por delitos que suponen un maltrato a personas privadas de libertad.