El Defensor del Pueblo catalán sale en defensa de los políticos condenados por la consulta del 9N

En rueda de prensa desde la Cámara catalana, ha explicado que el informe concluye que las instituciones del Estado deberían evitar combatir el proceso soberanista y, por lo tanto a los cargos que lo avalan, por vía judicial, ya que Ribó solo lo ve justificable en casos de “extrema violencia, tumultos y verdadero riesgo para la integridad del Estado”.

Así, el informe del síndic constituye una crítica general a los procesos judiciales contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas y los exconsellers Francesc Homs, Joana Ortega y Irene Rigau, y también contra la alcaldesa de Berga, Montse Venturós, el concejal de Vic Joan Coma y varios concejales de Badalona por otras iniciativas soberanistas.

“Recomendamos evitar el recurso a la vía penal para la solución de los conflictos políticos. Las medidas contra cargos electos se tendrían que limitar tanto como fuera posible”, ha sentenciado Ribó, que ha añadido que la consulta del 9N fue una acción política que debe responderse desde la política y no por la vía judicial.

El informe que ha presentado el Síndic de Greuges también alerta de que “el aparente deterioro de la calidad democrática” no es patrimonio exclusivo de la instituciones del Estado, y pone de ejemplo las polémicas declaraciones del dimitido senador de ERC Santi Vidal donde afirmaba que la Generalitat tenía de forma ilegal datos de los ciudadanos.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)