La Defensora del Pueblo no ve inconstitucional el cambio de modelo sanitario en Madrid

La Oficina del Defensor del Pueblo no ve inconstitucional la reordenación de la sanidad madrileña contenida en la Ley de medidas fiscales, de 28 de diciembre, pero “estará muy atenta a su implantación para evitar situaciones de desigualdad” y asegura que intervendrá si hay “deterioro de la calidad del servicio”.

Así lo ha anunciado hoy la institución tras estudiar los artículos 62 y 63 de la Ley 8/2012 -que incluyen la privatización de seis hospitales y 27 centros de salud-, en los que no aprecia indicios de inconstitucionalidad, aunque señala que “faltan elementos básicos para valorar el nuevo modelo”, ya que se desconoce el proceso de contratación y las normas de control y supervisión por la Comunidad de Madrid.

La resolución se produce once días después de que la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) entregara a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, un informe jurídico que encargó a un bufete de abogados que avalaba la inconstitucionalidad de las privatizaciones contenidas en la ley de acompañamiento de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid.

La institución manifiesta en un comunicado la necesidad de “garantizar que el gasto por enfermo sea equivalente en la asistencia prestada por el Servicio Madrileño de Salud y en las entidades privadas”.

Asimismo, señala que se debe “asegurar la pluralidad entre las entidades privadas adjudicatarias para evitar que ninguna adquiera una posición dominante”.

El Defensor del Pueblo seguirá “con especial interés tanto el proceso de implantación de este nuevo modelo, como las fórmulas que deben adoptarse para garantizar la mayor homogeneidad y calidad de la actividad asistencial”.

En su escrito, aboga por reforzar “algunos derechos de los usuarios como el derecho a la libre elección o a una segunda opinión”, así como la posibilidad de establecer “un sistema en el que los profesionales sanitarios puedan dejar constancia de su criterio sobre la conveniencia de derivar a un paciente a un servicio concreto”.

La Oficina también recuerda que “cualquier ciudadano que pueda sentir que sus derechos son lesionados tendrá a su completa disposición al Defensor del Pueblo”.

Por otra parte, el pasado 25 de marzo la portavoz de UPyD, Rosa Díez, solicitó por carta a la Defensora del Pueblo la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra esta medida aprobada por el Gobierno regional.